Dos niveles de la realidad política, el académico y el de la organización y el orden cotidianos de la vida a ras de suelo. En el nivel primero, cuál es el estado de nuestra democracia ¿hiberna, da su postrero estertor, murió? Y entonces ¿padecemos el autoritarismo del que sólo a ratos el país ha podido sustraerse? ¿Es ya totalitarismo del que anhelan tantas y tantos políticos en el poder? ¿O dictadura, tal cual? Cruzan de un cubículo universitario a otro, artículos que sustentan una u otra postura; no estoy cierto de que así sea, pero es una imagen adecuada para suponer una discusión de altura, y de paso para preguntar: ¿en las universidades piensan y hacen pensar, libre y abiertamente, en todas las carreras, sobre la calidad de la república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos que determina la Constitución? En la opinión pública no faltan extremistas que por el credo morenista esparcido desde las mañaneras, por los hechos de las Fuerzas Armadas o por el abrazo del régimen a gobiernos extranjeros con las peores, o ninguna, credenciales democráticas, sentencian: estamos en una dictadura. Pero tampoco faltan quienes, extremistas por su parte, ven en los mismos indicadores el imperio socialista de la justicia vuelta gobierno, opuesto a la historia de los gobiernos postrevolucionarios; es cosa de esperar, avisan, a que cuaje la transformación, si los del polo contrario dejan de molestar.El debate está abierto, viene bien recurrir a quienes han pensado respecto al signo de los regímenes, y que cada cual decida en cuál trance estamos. En 2018, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt publicaron “Cómo mueren las democracias” (en español apareció en 2022), el subtítulo otorga al libro su aspecto funcional: “Lo que la historia revela sobre nuestro futuro”. En uno de los capítulos vertieron las ideas del politólogo Juan Linz a una especie de tabla de verificación: “Cuatro indicadores claves de comportamiento autoritario”, a cada punto corresponden varias preguntas cuyas respuestas indican si lo que atestiguamos de las acciones de los gobernantes es autoritario, o no, incluyo para cada punto sólo una de las preguntas: “1. Rechazo (o débil aceptación) de las reglas democráticas del juego.” “¿Intentan socavar la legitimidad de las elecciones, por ejemplo negándose a aceptar unos resultados electorales creíbles?” “2. Negación de la legitimidad de los adversarios políticos.” “¿Afirman que sus rivales constituyen una amenaza existencial, ya sea para la seguridad nacional o para el modo de vida imperante?” “3. Tolerancia o fomento de la violencia.” “¿Tienen lazos con bandas armadas, con fuerzas paramilitares, con milicias, guerrillas u otras fuerzas violentas ilegales?” “4. Predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación.” “¿Han apoyado leyes o políticas que restringen libertades civiles, como ampliar leyes por libelo o difamación o aprobar leyes que limitan el derecho a la manifestación, las críticas al Gobierno o a determinadas organizaciones civiles o políticas?”.Si las respuestas fueron positivas, el diagnóstico es: gobierno autoritario. Añadamos un nudo a la horca, guiados por George H. Sabine y su “Historia de la teoría política”, se refiere al gobierno del nacionalsocialismo en la Alemania de los años treinta del siglo XX: “La igualdad ante la ley y la garantía del debido proceso fueron sustituidos por absolutas facultades discrecionales en la administración. Lo que significaba el totalitarismo en la práctica era que cualquier persona cuyos actos fueran considerados como provistos de importancia política carecía en absoluto de protección legal si el gobierno o el partido o algunos de sus numerosos instrumentos decidía ejercer su poder.” De regreso al libro de Levitsky y Ziblatt: “La historia no se repite, pero rima”.Lo anterior es un esbozo del primer nivel ya dicho del debate. En el segundo están las acciones que revelan el talante de un gobierno: la nueva fiscal General de la República, Ernestina Godoy, reavivando la persecución de López Obrador contra María Amparo Casar, presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que no fue y no es anti lopezobradorista, a menos que dar a conocer la corrupción en el sexenio de AMLO (como lo hizo en el de Peña Nieto) sea en automático estar en contra de la cuarta transformación. Entonces ¿persecución política, venganza, las instituciones al servicio de los poderosos? ¿O justicia plena y ciega, la que la hace la paga, cero impunidades, etc.? Así: ¿democracia, autoritarismo o totalitarismo en el quicio de una dictadura? Y lo de María Amparo Casar es un caso entre muchos otros; la relación de las personas perseguidas por la FGR se completa en el SAT, en Gobernación, en la Presidencia, en las listas de las Fuerzas Armadas, en cualquier instancia que esté bajo la férula del grupo dominante.El bando oficialista arguye: la Fiscalía va en serio, apegada a derecho, lo de Casar tiene sustento. El bando opuesto puede reponer: posee tanto sustento como lo que se le achaca a Adán Augusto López, a Pedro Haces o a los gobernadores de Sinaloa y Michoacán; como lo que se ha revelado de los hermanos de Andrés Manuel y de tres de los hijos de éste; le sigue un etcétera ominoso. Existen evidencias e investigaciones periodísticas que bien cabrían en las carpetas de investigación de una Fiscalía que va en serio, apegada a derecho. Si seguimos lo postulado por Levitsky, Ziblatt y Sabine, por la historia: hay en el gobierno federal y sus aliados un comportamiento autoritario al que sin necesidad de sastre le ajusta perfecto el traje de totalitario, todavía no totalitarismo pleno, cosa de esperar al martes, cuando María Amparo se presente al juzgado para que determinen su situación jurídica. Su situación política ya está sentenciada: perseguida por el factótum del gobierno actual, López Obrador, y de la mano de él, México perseguido por una dictadura de la que ya se percibe la sombra.agustino20@gmail.com
