Mientras más se acerca la fecha fatal, 15 de diciembre, para que se apruebe el Presupuesto de Egresos 2026 que ejercerá el Gobierno del Estado (181 mil millones de pesos), más parece alejarse la posibilidad de que un acuerdo político en el Congreso local permita entendimiento y la aprobación final.Los diputados de oposición mantienen sus críticas y ven inviable el proyecto presupuestal enviado por el Gobierno de Pablo Lemus. En diferentes oportunidades han afirmado que hay derroche y se favorece a los aliados políticos casi exclusivamente.En este escenario, la semana inició con una mesa de análisis sobre la Ley de Ingresos.Los diputados recibieron a Luis García Sotelo, secretario de la Hacienda Pública. Si el ejercicio fue una contienda de argumentos, el funcionario estatal parece haber ganado la primera batalla. Desarmó repetidamente las descalificaciones y cuando parecía que no tendría salida, les regresaba el reto.Cuando los legisladores reprobaron que Jalisco no incremente las percepciones propias, el secretario indicó que estaban ante una paradoja: Piden aumentar las percepciones para depender menos del presupuesto federal, pero al mismo tiempo condenan el incremento en los cobros.Los sorprendió en este punto al sugerir que se retome el cobro de la tenencia vehicular, eliminada en el año 2010, en una decisión política del entonces gobernador Emilio González Márquez.Defendió la tenencia como un impuesto más justo porque se aplica a todos, sin distinción de las características de vehículos o los modelos.La sorpresa fue que algunos opositores aceptaron que esto sería ideal, pero se preguntaron quién puede afrontar el costo político de la medida.En otro punto del análisis, los diputados retomaron su condena al programa de verificación vehicular obligatoria, y expusieron que en ningún otro estado del país se generó un monopolio, como ocurre en Jalisco, donde una empresa le cobra al Estado entre 900 y mil millones de pesos por año para aplicar la verificación.García Sotelo manejó las cifras y concluyó que el parque vehicular obligado a verificar puede ser de dos millones y al menos la mitad ya cumplió el trámite obligatorio. Este es un avance mucho mayor de lo que se registraba con los talleres acreditados. Cuando le cuestionaron el costo de eliminar el contrato con la empresa, les sugirió elaborar un estudio jurídico con sus propios asesores y prever los escenarios de una reacción judicial si se cancela anticipadamente el contrato con la empresa. Mantuvo que el escenario sería el que antes pronosticó: un pago de al menos 14 mil millones de pesos. Y los diputados se quedaron sin argumentos.Después del diálogo de horas, en el que se abordaron muchos otros puntos, quedó claro que en términos reales, el proyecto de presupuesto 2026, junto con su Ley de Ingresos, está aceptablemente estructurado, aunque haya aspectos que en términos políticos no serán aceptados por la oposición en el Congreso.Pero a la par de las críticas, no aparecen las propuestas.Conclusión: La política económica estatal y la aplicación de los recursos para el año entrante no será resultado de una discusión técnica, sino de una determinación política que adicionalmente, no será tomada por los diputados locales, sino por sus dirigencias en la capital del país.
