Hace unos días escuché una entrevista con Jamie Dimon. Ante la pregunta de por qué seguía invirtiendo en bienes inmuebles en Nueva York bajo la nueva administración, respondió —entre risas— que muchos de esos proyectos habían sido decididos años antes de la llegada del alcalde autoproclamado socialista.Más allá del tono, el mensaje era claro: las decisiones de inversión en ciudades globales no son inmunes a cambios en el entorno político y económico. El CEO de J.P. Morgan señaló que el banco redujo su plantilla en Nueva York de 35 mil a 26 mil empleados. En contraste, sus oficinas en Texas han triplicado su plantilla: de 11 mil a 33 mil trabajadores. Como explicación, Dimon mencionó la importancia de la competencia entre ciudades y recordó que las personas “votan con sus pies”.Adicionalmente, la firma de capital privado Apollo Global Management, que pagó mil 276 millones de dólares en impuestos durante 2025, anunció que planea abrir una segunda oficina central ya sea en Texas o Florida, reubicando hasta mil empleados fuera de Manhattan, como reacción a una agenda tributaria orientada a incrementar la carga fiscal de los contribuyentes de mayores ingresos.La teoría de “votar con los pies”, desarrollada por el economista Charles Tiebout, plantea que las personas expresan sus preferencias electorales en función de la oferta de bienes públicos —como servicios, impuestos o calidad de vida— disponible en distintas jurisdicciones. En este sentido, las personas eligen mudarse a la ciudad que mejor se ajusta a sus necesidades y preferencias, generando así competencia entre metrópolis para atraer empleo, inversión, residentes o capital humano.Esto ha sucedido con empleados de firmas financieras que, ante el aumento de la carga impositiva en Nueva York, han optado por mudarse a Texas o Florida, donde los emprendedores son mejor recibidos.Ese matiz es clave para entender el momento actual de Nueva York. Con la llegada de Zohran Mamdani a la alcaldía, la ciudad se ha convertido en un laboratorio político de alta visibilidad, donde se pone a prueba la viabilidad de una agenda de izquierda en el mismo corazón del capitalismo. En un sentido más amplio, podemos decir que estamos ante un cuasi-experimento político, en tiempo real.La “ciudad global” por excelencia —un nodo central de finanzas, servicios avanzados y redes transnacionales— es gobernada por una agenda que busca expandir el papel del Estado en áreas clave como vivienda, transporte público y servicios básicos tan diversos como guarderías y mercados.La tensión es evidente. Por un lado, existe una demanda social legítima frente al encarecimiento de la vida. Por otro, Nueva York opera en un entorno de alta movilidad de capital y talento, donde las decisiones de localización responden a múltiples incentivos, entre ellos la carga fiscal, la densidad económica, la infraestructura y las oportunidades.Aquí entra uno de los puntos más delicados del debate fiscal. El 1% de mayores ingresos en Nueva York aporta alrededor del 45% del impuesto sobre la renta. Esto refleja tanto la progresividad del sistema como la fuerte concentración del ingreso, pero también genera una dependencia fiscal significativa respecto de un grupo reducido de contribuyentes, con quienes, por cierto, el alcalde ha mantenido una relación de abierta confrontación.Esto cobra una relevancia especial porque hace apenas unos días Mamdani sugirió, en una aparición pública, que la ciudad enfrenta una situación financiera crítica y requiere apoyo de los gobiernos estatal y federal.El dilema para su gobierno es claro. Su programa político descansa en una expansión del gasto público sin precedente, financiada, en parte, mediante mayores cargas tributarias sobre los segmentos de mayores ingresos. Sin embargo, esa misma base fiscal es altamente sensible a cambios en el entorno económico y a incentivos de relocalización. La retórica de confrontación hacia sectores empresariales de altos ingresos ha reforzado esa percepción. Ahí está el caso del financiero Ken Griffin, CEO de Citadel, a quien Mamdani criticó públicamente durante la presentación de su propuesta de un impuesto adicional sobre viviendas de lujo desocupadas con valor superior a 200 millones de dólares. La medida buscaría recaudar alrededor de 500 millones de dólares anuales adicionales para la ciudad.Hasta ahora, más que un desenlace claro, lo que se observa es una fase temprana de ajuste: expectativas altas, implementación gradual y una evaluación pública todavía en formación. Y aquí es donde el caso de Nueva York trasciende sus fronteras. Lo que ocurra bajo la administración de Mamdani no solo tendrá implicaciones locales. En un país donde el debate sobre el papel del Estado, la desigualdad y la política fiscal está más vivo que nunca, Nueva York funciona como una señal para el resto del sistema político. Sus resultados —en crecimiento, calidad de vida, inversión y sostenibilidad fiscal— podrían influir en la percepción pública sobre la viabilidad de propuestas similares en otras ciudades, tanto a nivel nacional como internacional.En ese sentido, lo que estamos presenciando es una prueba política de alto impacto. Medidas como la decisión de mantener sin aumentos los alquileres de cerca de un millón de departamentos con renta estabilizada serán interpretadas como evidencia a favor o en contra de un modelo de gobierno de izquierda, en función de sus efectos. Aún es pronto para emitir un veredicto. Pero, a juzgar por las reacciones de empresas, inversionistas y contribuyentes de altos ingresos, el marcador inicial no favorece a Mamdani.Eugenio Arriaga Cordero es doctor en estudios urbanos por la Universidad estatal de Portland y académico de la Esarq.
