A Leyla la asesinaron dos jóvenes que se hicieron pasar por sus amigas. Las agresoras, de 13 y 15 años, la citaron con engaños, diciéndole que le entregarían una “sorpresa”. En el sitio la sentaron en una silla, le vendaron los ojos y la asesinaron. Leyla Monserrat Lares Becerra, de 15 años, murió en septiembre de 2025, en Sonora, cuando las dos adolescentes la asfixiaron con una cuerda en el cuello. Y lo grabaron.En México, los menores de edad que cometen delitos graves como homicidio, no son juzgados al igual que un adulto; para ellos, existe un sistema especializado en el que se privilegia su reinserción social, con medidas socioeducativas, antes que la cárcel. Así, por el asesinato de su “amiga” la agresora de 15 años fue sentenciada a 2 años y 10 meses de internamiento; la joven de 13 años, a 10 meses de libertad asistida. Mientras, a Carmen Becerra, mamá de Leyla, se le “indemnizó” con 5 mil 657 pesos, como reparación del daño. Aberrante. Irrisorio.Por el mismo delito un adulto podría enfrentar décadas en prisión, pero la legislación mexicana establece un tope en las penas para menores de edad y determina que las medidas privativas de libertad son la última opción, “como medida extrema y por el menor tiempo posible”.Según la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en ningún caso puede encarcelarse a menores de 12 a 14 años; solo sancionarlos con servicio comunitario, supervisión familiar, no viajar al extranjero ni asistir a determinados lugares o libertad asistida. Y para delitos graves como homicidio: si tienen entre 14 y 16 años, pueden pasar máximo tres años de internamiento en centros especializados; y máximo cinco años, si tienen de 16 a 18 años. Algo cada vez más cuestionado.El asesinato de Leyla ha reabierto el debate de endurecer las penas contra menores, para que en casos de delitos graves como homicidio sean castigados como adultos. Y no exista una percepción de impunidad. Además, este marco legal ha sido aprovechado por grupos delictivos, que suelen reclutar a menores de edad como “halcones”, transportistas o hasta sicarios, precisamente porque las sanciones para ellos serían reducidas. (Tema aparte que también merece la atención, ante el riesgo de que sean procesados como delincuentes en lugar de recibir protección, cuando son víctimas de reclutamiento forzado).¿Qué condiciones sociales llevan a menores a cometer un homicidio como el de Leyla?, ¿Qué se sabe de la familia y los padres de las dos homicidas?, ¿Cómo llegaron las adolescentes a convertirse en criminales?El sistema de justicia para menores en México también debe garantizar justicia para las víctimas directas de los delitos. Pero el fondo del problema no está solo en incrementar la duración o severidad de las sanciones, sino garantizar la efectividad de los programas de reinserción y fortalecer las políticas de prevención del delito en adolescentes. El debate se ha reabierto.
