La reciente declaración de constitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de la impugnada reforma de 2022 conocida como Ley Antilavado, que da facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda para que pueda congelar cuentas bancarias sin autorización de un juez, desató, como se esperaba, varias controversias.Pocos se quedan tranquilos con la versión oficial de que se trata de un instrumento administrativo para facilitar el combate al lavado de dinero del crimen organizado y detectar financiamientos para actividades terroristas.Desde luego, esa necesidad existe y es urgente la acción del Estado para debilitar el enorme poder económico de los grupos del crimen organizado en México, que utilizan para equiparse y armarse obteniendo un enorme poder de fuego, y para corromper cárceles, policías, militares y gobernantes, así como para invertir en negocios lícitos con la complicidad de empresarios cómplices, y hacer actividades para permear comunidades y ganar cobijo social. Veo tres factores claves para que exista esta natural desconfianza, sobre todo en las fuerzas políticas y los sectores no alineados a la 4T:1) Los malos resultados que hasta ahora se tienen en el combate al narcotráfico y sus cada vez más diversificadas acciones delictivas, destacando el huachicoleo y la extorsión. Lejos de golpear el bolsillo y las cuentas de los capos y sus organizaciones, se ha dado un creciente efecto corruptor sobre la clase política y gubernamental con sus exorbitantes e ilícitas ganancias.2) Otro factor es la discrecionalidad con la que se puede interpretar esta nueva norma, y que incluso fue motivo de división en la SCJN en la que la ministra Yasmín Esquivel Mossa y los ministros Artemio Aristides Rodrigo Guerrero y Giovanni Azael Figueroa Mejía votaron en contra al considerar que falta precisar plazos y medidas que eviten acciones punitivas basados sólo en sospechas, lo que podría afectar la certeza jurídica en México.Y 3) La degradación democrática que se ha venido dando en el país en los últimos siete años con la eliminación de los órganos constitucionales autónomos que eran un contrapeso del Ejecutivo, así como el control del Poder Legislativo y del Poder Judicial, sin dejar de mencionar a la autoridad electoral. Eso ha provocado una enorme desconfianza en las instituciones. También una gran polarización social, donde los opositores al régimen temen que la UIF se convierta, más que en un instrumento de combate al narco, en una herramienta de presión política para acallar a las voces críticas al poder.Lo cierto es que ese riesgo está ahí latente. En la UIF dicen que quien nada deba debe estar tranquilo. Sólo el tiempo dirá el buen uso o no que se le dé a esa figura. Mientras tanto, para los que hoy detentan el poder, sería bueno que tuvieran en cuenta aquella máxima de la política que dice: Los carniceros de hoy serán las reses de mañana.
