Dicen los que siguen de cerca los laberintos electorales que la carrera por la Presidencia Municipal de Zapopan apenas comienza… aunque algunos ya sienten que les cambiaron el reglamento a medio partido.Ya sabemos que el Tribunal Electoral de Jalisco dejó firme, por ahora, la regla de que en 2027 sólo podrán competir mujeres por ese municipio, pero deben pertenecer a un grupo vulnerable: indígenas, con discapacidades o de la comunidad LGBT+. Las demás están descartadas. ¡Así de claro!Más de un aspirante o una suspirante ya guardaron el traje para la campaña electoral. Pero calma: el asunto dista mucho de estar resuelto.Nos recuerdan que éste es apenas uno de los juicios, pues todavía hay 37 impugnaciones en la fila del Tribunal local. Así que en Zapopan nadie cante victoria… ni derrota. Falta mucho para saber quién realmente podrá aparecer en la boleta, ya que también se alistan impugnaciones en dos instancias más: la Sala Guadalajara y la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación. * * * Cuentan en San Lázaro que el famoso Plan B electoral de Claudia Sheinbaum salió más ambicioso de lo que algunos esperaban.El pasado miércoles se decía que bastaría con reformas a las leyes secundarias, de esas que pasan con mayoría simple y listo. Pero resulta que no: el propio Ricardo Monreal ya avisó que el nuevo paquete será una reforma constitucional.Y ahí cambió el tablero. Porque ahora se habla de reducir integrantes y presupuesto de los Congresos locales y Ayuntamientos, ajustar fechas para la revocación de mandato presidencial y la elección de jueces, meter temas electorales a consulta popular y hasta bajar sueldos en el INE.Suena fuerte en el discurso… pero también exige una mayoría calificada. Así que la pregunta en los corrillos políticos es inevitable: ¿Plan B… o segundo tropiezo Presidencial?Algunos afirman que sí pasará porque ahora no toca a los partidos políticos. * * * En Campeche, la movilización por el 8M no sólo dejó consignas y pancartas, sino también una advertencia que sonó más a sentencia. La gobernadora Layda Sansores puso sobre la mesa la posibilidad de penas de hasta 37 años de prisión para manifestantes acusadas de incendiar escudos policiales o edificios durante las protestas.Dejó claro que una cosa es marchar y otra muy distinta prenderle fuego a todo lo que se atraviese en el camino. Y ahí es donde se abrió el debate: ¿Defensa del orden o mano dura excesiva?Mientras unos aplauden que se ponga freno a los destrozos, otros recuerdan que criminalizar la protesta suele salir caro políticamente.Por lo pronto, la gobernadora ya dejó claro que en Campeche la línea entre la protesta y el delito podría terminar… en sentencia larga.
