Todos quisiéramos golpes espectaculares, detenciones de escándalo, inesperados peces gordos tras las rejas. Algo que permitiera pensar que el gobierno de la Cuarta Transformación intenta eliminar la corrupción de la vida pública del país. Ciertamente, hasta ahora no ha sido el caso.El gobierno de Morena ha cumplido con algunas de sus promesas, pero no esta. Podrá argumentarse que la escala de la corrupción no alcanza los excesos que registró con Peña Nieto o que el comportamiento de los gobernadores no es el de los cachorros del PRI, que convirtieron el erario en patrimonio familiar. Pero los abusos están allí. Incluso adquirieron nuevas formas por las particularidades del sexenio: sea el apresuramiento de las obras insignia, como el Tren Maya, en las que la urgencia era más importante que los procedimientos de licitación o que el respeto a las normas medioambientales; sea por el protagonismo asumido por los militares, un sector poco propicio a la transparencia o a la rendición de cuentas frente al resto de la sociedad.Había expectativas de que esta asignatura pendiente, el combate a la corrupción, se convirtiera en una tarea prioritaria del llamado segundo piso de la 4T. Claudia Sheinbaum tiene una reputación impecable en este tema y una forma de vida que no se ha separado de los usos y costumbres de la clase media en la que creció. Para muchos observadores resulta frustrante que, tras un año en el poder, la presidenta no haya comenzado una campaña de limpieza y de aprehensiones significativas que muestren la disposición del gobierno de encarar, por fin, este cáncer.Me parece, sin embargo, que esta estrategia de limpieza ha comenzado y no nos hemos dado cuenta. Y es así porque no ha consistido en cambios cosméticos ni detenciones estridentes. El planteamiento de Sheinbaum es otro: la mejor estrategia no es aquella que se centra en la persecución de los culpables, sino la que disminuye y dificulta las posibilidades de delinquir. A largo plazo, el verdadero programa contra la corrupción no es el que conduce la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, importante como es, sino la llamada Agencia de Transformación Digital, responsable de la modernización, simplificación, transparencia y automatización de la vida pública. De la misma manera que, si bien es necesario un analgésico para quitar el dolor de cabeza, la solución real consiste en eliminar los hábitos o motivos que lo generan.Me tocó crecer en una época en la que tramitar el pasaporte implicaba colas infinitas y desmañanadas absurdas para alcanzar a entrar en el cupo diario al que se restringía la oficina de Relaciones Exteriores. La ambigüedad de la información solicitada, el tamaño y enfoque de la foto exigida, convertían al funcionario de ventanilla en juez arbitrario para la tramitación del expediente. Un nicho ecológico diseñado para que el pago de coyotes, coludidos con los empleados, se convirtiera poco menos que en una necesidad para estar en condiciones de recoger el pasaporte siete horas más tarde. La última vez que lo renové, hace unos meses, hice la cita por internet, digitalicé los documentos de manera anticipada y acudí a un trámite que duró exactamente 12 minutos, sin un coyote a la vista.Años más tarde, la publicación del semanario Día Siete me obligó a convertirme por un tiempo en importador de papel. Los trámites aduanales me hicieron recordar a los viejos pasaportes. Requisitos sobre requisitos, ambigüedades y valoraciones arbitrarias que parecían pensadas para la extorsión. Obviamente, la respuesta ante tal universo corrupto no pasa por una estrategia punitiva y vigilante para castigar los abusos, sino por el cambio de sistema, como en el caso del pasaporte, que permita la digitalización, autonomía y transparencia.Lo mismo podríamos decir de muchos campos de la vida pública. La eliminación del charrismo sindical no pasa, en última instancia, por la persecución de una serie de líderes corruptos, sino por la eliminación de canonjías y privilegios que ellos gestionan frente a sus agremiados y la incorporación de mecanismos de elección democráticos al interior de las organizaciones. La entrega directa de pensiones y apoyos sociales a las cuentas de los beneficiarios fue la vía para disminuir la multitud de gestores y líderes que, durante décadas, ordeñaron las políticas asistenciales del Estado mexicano.Lo mismo vale para el poder judicial o el legislativo. La reforma político-electoral impulsada por Palacio Nacional camina en la misma dirección. Disminuir la bolsa destinada a los cuadros dirigentes de los partidos y reducir o eliminar los cargos plurinominales en las cámaras de Diputados y Senadores, convertidos en aviadurías que no pasan por el voto popular o la rendición de cuentas, amparadas por casacas partidistas. Es más útil para el país la eliminación paulatina de las condiciones que posibilitan estas prácticas que una estrategia para perseguir a quienes están abusando de ellas.Desde luego, las dos tareas no son excluyentes. Recurrir a la aspirina en lo inmediato y cambiar malos hábitos de vida en lo mediato; el cruce de la Secretaría de Anticorrupción para castigar excesos y la Agencia Digital para prevenirlos (y, de hecho, están actuando juntos). Combatir la impunidad obliga a trabajar en los dos frentes. Hasta ahora, Claudia Sheinbaum se ha centrado en el más importante, la modernización de la administración pública, y de tener éxito sus resultados serán visibles a mediano plazo. No está mal, porque son los que conllevan cambios definitivos.Pero es cierto que el proceso se aceleraría con acciones ejemplares. Los golpes mediáticos no han servido de mucho en anteriores sexenios, entre otras razones porque respondían a motivos y vendettas políticas y no iban acompañados de un saneamiento de los mecanismos, como ahora se está haciendo. Sin embargo, me parece que se acerca el momento en que una serie de intervenciones de alto valor simbólico ofrezca muestras de una voluntad presidencial que muchos no perciben. Hay una revolución silenciosa que está en marcha; no tendría que ser tan silenciosa.
