Sin ambages, durante una conferencia de prensa, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, acaba de poner las cartas sobre la mesa. Su gobierno es incapaz de detener al presunto líder huachicolero en el Triángulo Rojo, Antonio Valente Martínez Fuentes, El Toñín. Dijo Armenta que a él le gustaría tronar los dedos y ya, pero que al Toñín lo rodea la complicidad de toda una red de gobernantes y empresarios. "No es falta de voluntad, es prudencia, es ser cuidadosos. No saben que mataron a varios marinos, a varios integrantes de la Guardia Nacional y a varios intendentes. Han muerto muchas personas", declaró. Apenas el mes pasado, el secretario de seguridad pública de Puebla, Francisco Sánchez González, informó que la dependencia a su cargo desconoce el paradero de Martínez Fuentes, cuya hija, Guadalupe Martínez Gerardo, hoy encabeza la alcaldía de Quecholac, y cuyo hermano, Alejandro Martínez Fuentes, alcalde en su oportunidad de ese municipio, fue aprehendido en septiembre de 2021 por ejercicio indebido de funciones y encubrimiento (un juez lo dejó en libertad dos años más tarde). El Toñín está señalado desde 2017 por robo de hidrocarburos. El 3 de mayo de ese año, militares que investigaban una toma clandestina en el poliducto Minatitlán-México, un conducto que cruza el municipio de Quecholac, se enfrentaron a tiros en Palmarito con un grupo de presuntos huachicoleros. El enfrentamiento dejó 10 muertos: seis civiles, entre ellos una mujer y un menor de edad, y cuatro elementos militares. Dejó también un prófugo: El Toñín, acusado de ordenar la emboscada en contra de los militares. Un video difundido días después reveló que los uniformados habían cometido al menos una ejecución extrajudicial. El sargento involucrado en el video fue liberado más tarde "por falta de elementos para vincularlo a proceso". El escándalo que vino a continuación fue oxígeno puro para El Toñín. Investigaciones de la fiscalía local ubicaron a Martínez Fuentes como líder del robo de combustible en la región, en disputa por la hegemonía con Roberto de los Santos Jesús, El Bukanas. El entonces gobernador Miguel Barbosa señaló al Toñín públicamente. La Marina y la Fiscalía General de la República intentaron detenerlo. En agosto de 2021 se desplegó un operativo en Palmarito Tochapan, donde tiene su bastión, pero no hubo resultados. Valente Martínez Fuentes ha subido videos a redes sociales afirmando que lo confunden con otra persona o presentándose como un simple agricultor. Con cientos de camiones de verdura y de fruta repartidos en Quecholac y otros municipios, con la dispensa de regalos el Día de las Madres, el Día de Reyes y el Día del Niño, pudo construir una base social que ha impedido el ingreso de las autoridades al municipio y ha llegado a bloquear la autopista Puebla-Orizaba hasta por 24 horas. Según las investigaciones, lleva exactamente 26 años dedicado al robo de combustibles y otras actividades ilícitas entre las que se encuentra el robo de tráileres en la autopista México-Veracruz. Las mismas indagaciones lo ligan con el Cártel Jalisco Nueva Generación, pero el gobernador Armenta ha decidido ser prudente y cuidadoso. Sus declaraciones coinciden con la noticia de que el gobierno de Morelos accedió a liberar al capo José David Vergara, El Güero Gym, detenido en flagrancia tras un cateo llevado a cabo en Totolapan. El Güero Gym es considerado el segundo del líder criminal más poderoso de Morelos, detrás de Júpiter Araujo Bernard, El Barbas, quien encabeza la organización criminal conocida como Pueblos Unidos, un brazo del Cártel del Pacífico que ha comprado la protección de la mitad de las alcaldías del estado. Según la enrevesada declaración de la fiscalía de Morelos, mientras personal de la fiscalía de delitos de alto impacto llevaba a cabo el aseguramiento de un inmueble, agentes que no formaban parte de ese operativo vieron pasar al Güero Gym, lo reconocieron y lo detuvieron por el delito de narcomenudeo. Esto desató la reacción de Pueblos Unidos: habitantes y transportistas incendiaron patrullas, bloquearon los accesos al poblado y privaron de la libertad a tres agentes de la fiscalía regional oriente. Al mismo tiempo, cuatro elementos de la Guardia Nacional comisionados a la secretaría de seguridad pública morían en un misterioso accidente carretero. Las autoridades de Morelos se negaron a decir con quién negociaron la liberación de los elementos de la fiscalía. En un comunicado, señalaron sólo que, para preservar la vida de los secuestrados, decidieron liberar al Güero Gym. "La vida de nuestro personal es una prioridad para la institución y por ello se ejecutaron las acciones necesarias para salvaguardar su integridad física", se informó en un comunicado. El fiscal de Morelos se justico más tarde alegando, en pocas palabras, que al fin y al cabo el delito por el que El Güero Gym fue detenido no ameritaba prisión preventiva, por lo que de todos modos tendrían que soltarlo. El fiscal ocultó que este individuo tenía una orden de aprehensión vigente. El gobierno del estado quiso ocultar también que, además de al Güero Gym, había detenido a otros tres presuntos delincuentes: iban en la camioneta que presuntamente se accidentó, y en la que murieron tres agentes. Hasta anoche, no se había informado de la situación de los otros detenidos. Morelos vive su hora más crítica desde que terminó el gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Casi 700 muertes violentas se han registrado en el presente año, ocho de cada diez morelenses se sienten inseguros en el estado y la extorsión y el cobro de piso estrangulan municipios enteros, como en Cuautla, donde la situación ha cruzado ya todos los límites. En ese contexto atroz, con la liberación del Güero Gym, el gobierno del estado ha mandado, a querer o no, un claro mensaje a los grupos criminales. Puebla y Morelos. Dos claudicaciones en la misma semana. Y las dos, en estados críticos.
