El asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA), el domingo pasado en Michoacán, volvió a poner en relieve el creciente delito de la extorsión, una de las modalidades más lucrativas para los cárteles de la droga, en su continua diversificación delictiva para aumentar sus ilegales ingresos, que les dan más poder corruptor, logístico y de fuego.El caso ha sacudido de tal forma al país, que ayer tuvo que referirse a él el secretario de Seguridad Pública del gobierno federal, Omar García Harfuch, al reconocer en su comparecencia ante el Senado de la República que, pese a los avances en la reducción de homicidios, siguen ocurriendo estos crímenes de alto impacto.Y es que el padre de Bravo Manríquez fue asesinado hace una década por denunciar también las extorsiones de las que eran objeto los limoneros y los aguacateros en Michoacán, cuando apenas se empezaban a generalizar.En vez de que las autoridades municipales, estatales y federales hubieran hecho algo para erradicar ese lastre que iniciaba su incidencia, se dejaron infiltrar por las mafias y hoy silencian a balazos a todo aquél que, como Bravo Manríquez, se atreve a denunciarlos y se niega a darles lo que es fruto de su trabajo.Muestra de ello es que, de septiembre de 2024 hasta el caso del crimen del domingo pasado, son cuatro los productores limoneros asesinados por denunciar y negarse a pagar las extorsiones que les exigen los cárteles, que incluso colocan explosivos tipo mina en los caminos sacacosechas de los que se resisten, como le pasó en enero pasado a Ramón Paz Salinas, quien murió al explotar uno de estos artefactos mientras conducía su camioneta. Rogelio Escobedo denunció amenazas y extorsiones y también fue ejecutado el 30 de noviembre, y 15 días antes corrió la misma suerte el limonero José Luis Aguinaga.El delito de la extorsión a los limoneros, y a otros productores de alimentos como los aguacateros o los polleros, o a los comerciantes de estos y otros productos del campo, no sólo en Michoacán sino también en Jalisco y en muchas otras regiones del país, no sólo afecta a las víctimas directas sino que cada vez provoca más el encarecimiento y hasta la escasez en los mercados que afectan a toda la población.La última tarifa que exigían los mafiosos era de cuatro pesos por kilo, sin que operativos militares y policiales ni grupos de autodefensa hayan podido hacer algo para evitarlo, más allá de enlistar que son al menos siete los cárteles que hacen estos cobros ilegales y fungen como abusivos intermediarios: entre ellos, Los Viagras, Los Blancos de Troya, el cártel de Tepalcatepec, Los Caballeros Templarios, el cártel de Zicuirán, el cártel de la Virgen y el cártel Nueva Generación, que se disputan casi tres mil 500 millones de pesos anuales por cobros indebidos a quienes producen en esta zona siete de cada diez limones en México, equivalentes a 850 mil toneladas anuales.
