A fines de enero, hace poco más de siete meses, el general comandante de la Quinta Región Militar, Porfirio Fuentes Vélez, hizo un llamado como nadie lo había hecho a las y los alcaldes de Jalisco, en especial a los del Área Metropolitana de Guadalajara, para que combatieran con mayor determinación la operación de las conocidas como “maquinitas tragamonedas”, que proliferan cada vez más y operan a la vista de todos en las tiendas de abarrotes de toda la metrópoli.El jefe militar de Jalisco, Zacatecas, Colima, Nayarit y Aguascalientes les explicó en aquella reunión de seguridad que se debería redoblar el combate a estos minicasinos porque detrás de la red de distribución de esos aparatos de apuesta estaba el crimen organizado. Que las grandes ganancias ilícitas que recaudaban en ellas era una muy importante fuente de financiamiento para incrementar su poder delictivo. Y no sólo eso, les advirtió también que las maquinitas tragamonedas le servían también a la delincuencia organizada para tender redes de venta de drogas y para reclutar a jóvenes y menores de edad para engrosar sus bandas criminales.Uno pensaría que, a partir de ese exhorto de la autoridad militar, las autoridades municipales dejarían de voltear a otra parte y sus inspectores empezarían a notificar a sus policías los puntos de operación que toda la población ve en muchas tiendas de abarrotes de sus colonias.Más aún porque el gobernador Pablo Lemus secundó esa petición anunciando que la Policía Estatal establecería convenios con los municipios para apoyarlos en los operativos para decomisar estas maquinitas, y en julio envió una iniciativa al Congreso estatal para tipificar en el Código Penal de Jalisco como delito grave el facilitar, inducir o promover que niñas, niños y adolescentes usen estas máquinas tragamonedas o dispositivos mecánicos de azar. Las penas irían de los tres a seis años de prisión y las multas económicas para los comerciantes o dueños de locales que lo permitan ascenderían al menos a 23 mil pesos.Los diputados no se han aplicado para discutir esta iniciativa y contribuir a combatir este lastre, y a juzgar por las cifras, en los Ayuntamientos siguen simulando, por negligencia, miedo o complicidad, el combate de las tragamonedas, con operativos tímidos y esporádicos como el que se dio esta semana en Tonalá, donde decomisaron 52 aparatos en la Colonia Jalisco. El número de maquinitas decomisadas de enero a agosto de este año, según informó la Secretaría de Seguridad estatal, es de 606 unidades de este tipo, en operativos en apenas 12 de 125 municipios jaliscienses.Esta cifra representa apenas una máquina más de las 605 que se decomisaron en todo 2025 cuando no se había dado la petición de la autoridad castrense como la de enero de este año. Habrá que ver si en este último cuatrimestre del año las autoridades municipales hacen un combate más planificado, permanente y decidido contra las maquinitas tragamonedas, y lo demuestran con mayores resultados a los que han logrado los primeros dos cuatrimestres del 2026, o se siguen haciendo de la vista gorda.
