A diferencia de abril pasado, y pese a que contiene señalamientos igual de graves, la Presidenta Claudia Sheinbaum recibió con mucho mayor apertura y tolerancia el informe sobre las desapariciones en México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentado esta semana, que el del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el cual descalificó de inmediato hace poco más de un mes.En el reporte de este organismo internacional se sostiene que esta depredación criminal ocurre en al menos 18 entidades de la República, pero destaca a Jalisco como la Entidad con el mayor número de desapariciones, con más de 15 mil, así como uno de los epicentros del reclutamiento delincuencial forzado.El Informe “Desapariciones en México” quedó marcado así por la gravedad y la atención mundial que generó el caso del Rancho Izaguirre, en marzo del 2025, que visibilizó, como nunca, cómo los grupos de crimen organizado estaban desarrollando métodos para cometer privaciones ilegales de la libertad, especialmente de adolescentes y jóvenes para obligarlos a nutrir sus milicias.Sobre este caso, la CIDH demandó que se deslinden responsabilidades de los servidores públicos que estuvieron a cargo del resguardo del predio por parte del Estado, cuando se descubrió en septiembre de 2024, y que en Jalisco se sigue dando largas a la investigación y a la comparecencia de los involucrados ante los tribunales. Pide también que se identifiquen los restos encontrados en ese predio y se esclarezcan las actividades de reclutamiento y “exterminio” que ocurrieron ahí durante el tiempo que las autoridades tardaron en intervenir.Tal vez porque varios de los mecanismos de reclutamiento se empezaron a dar y a descubrir en las centrales camioneras del Área Metropolitana de Guadalajara, donde se siguen citando a niños y jóvenes al ofrecerles falsas ofertas de trabajo, la CIDH ubicó a Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá y Lagos de Moreno como los municipios de alta incidencia de este tipo de desapariciones.La Comisión llama a las autoridades a atender los entornos en los que prolifera la violencia intrafamiliar, el abandono institucional y donde los grupos del crimen organizado tienen un claro control territorial, para empezar a erradicar el reclutamiento de menores y adolescentes que mayoritariamente salen de esos contextos sociales de marginación.Entre los puntos buenos que la CIDH reconoce a Jalisco y a otros Estados de la República está la creación del Grupo Especializado de Búsqueda y del Centro de Identificación Humana que pueden fortalecer las capacidades forenses.Ojalá que así sea, para que no se vuelvan a repetir casos como el de la señora Conchita, que duró 10 años buscando a su hijo Juan Antonio y hace unos días se le informó que el cuerpo estuvo todo ese tiempo en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
