Si Puerto Vallarta ya estaba bajo la lupa de Estados Unidos desde los episodios delincuenciales de alto impacto ocurridos ahí en el pasado reciente, luego de las más de 250 agresiones que cometieron ahí las células delictivas del cartel nueva generación, en respuesta al operativo de detención, y posterior muerte de su líder Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, se pusieron en alerta máxima, y con ello el gobierno mexicano que ayer envió el buque ARM Usumacinta de la Marina Armada de México con más de 100 elementos y vehículos militares para reforzar las labores de vigilancia en el municipio costero.Y es que la violencia generada el domingo en ese destino turístico, uno de los más conocidos de México y favorito de los estadounidenses, hizo confirmar la presencia y el control de ese grupo delincuencial en ese territorio donde la madrugada del 15 de agosto de 2016 se cometió el secuestro de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán a quienes se llevaron del exclusivo restaurante “La Leche”; y el 18 de diciembre de 2020 asesinaron al ex gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, también en un céntrico restaurante bar.Apenas la semana pasada, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos volvió a sancionar un nuevo esquema de fraudes en tiempos compartidos cometido por empresas asentadas en Puerto Vallarta, en las que incluso involucró a un hijo del ex gobernador Carlos Rivera Aceves. La primera acusación de las estafas inmobiliarias que estaba cometiendo la delincuencia organizada principalmente en contra de estadounidenses, la hizo el gobierno de EU en 2023, desde entonces, como ahora, la Fiscalía de Jalisco asegura no tener ninguna denuncia contra las empresas señaladas.De las fechorías cometidas en los últimos días en Puerto Vallarta, como la quema de negocios, edificios públicos y privados, gasolineras y automóviles para bloquear vialidades y tramos carreteros, lo que más ha preocupado al gobierno federal es el ataque a la cárcel estatal de Puerto Vallarta, en el que murió un custodio y liberaron a 23 peligrosos delincuentes, cuyas fichas exigieron ya al gobierno estatal.Se trata de sentenciados y procesados que van desde los 20 hasta los 60 años. Que son de Jalisco y otras entidades, incluso hay un colombiano. Por los delitos por los que fueron encarcelados y el tiempo que llevan presos, presumen que son miembros del grupo criminal que los liberó luego de dar el portazo con un auto con blindaje artesanal en las puertas de la prisión.Además de su reaprehensión, en el gobierno federal están interesados en las investigaciones internas que deslinden responsabilidades de quienes no activaron los protocolos correspondientes para evitar esa evasión de presos , y para evaluar qué tanto influyó en que se cometiera ese asalto, un eventual autogobierno delincuencial que domine esa prisión estatal.jbarrera4r@gmail.com
