Estamos ante la primera señal de que el pacto de impunidad para Rubén Rocha y los siete que quedan en México podría acabar. Esa lectura podemos hacer del comunicado de la Secretaría de Hacienda al confirmar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de Rubén Rocha y los otros acusados por Estados Unidos de operar para el Cártel de Sinaloa. La UIF habló sólo de “nuevos ingresos” a su Lista de Personas Bloqueadas, pero la Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que se trata del gobernador de Sinaloa con licencia y los otros acusados por la justicia norteamericana. Primero entendamos qué es la UIF: una oficina de la Secretaría de Hacienda, es decir, depende directamente del secretario en turno, a su vez subordinado de la Presidenta. La “explicación técnica” del congelamiento de cuentas de los presuntos narcopolíticos de Sinaloa es que los bancos nacionales, alertados por entes financieros de Estados Unidos, emitieron un informe de riesgo (posible lavado de dinero, operaciones atípicas, etc.). Ante esto, la UIF respondió con la inmovilización de activos. Lo relevante de este procedimiento es que no se necesita nada más que el visto bueno de la UIF encabezada por Omar Reyes. Es un acto administrativo que no requiere de pruebas determinantes o un procedimiento judicial, lo que dota a esta figura de un enorme poder. La UIF tiene entonces una atribución clave: meter y sacar personas de su famosa “lista negra” (congelamiento de cuentas). Esto es importante porque ha sido usada por el Poder Ejecutivo como un instrumento de presión selectiva contra adversarios políticos. En el discurso, la Presidenta sigue defendiendo a Rocha y los otros acusados, pero en la práctica, este movimiento puede leerse como un mensaje. ¿Se acabó el pacto de impunidad? El congelamiento de cuentas es una señal política demoledora; la prueba de fuego será ver si Rocha y sus secuaces pasan de “la lista negra” a una celda.
