Hay muchas formas de echar por la borda la credibilidad de una institución, pero la FGR siempre encuentra la mejor.A sólo un par de semanas de que presentó su Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, ya incumplió uno de sus principios fundamentales.Me recuerda al rehabilitado que promete cambiar, pero una vez cruzado el umbral del internamiento, se vuelca de inmediato sobre todas las sustancias prohibidas a su alcance. Así la FGR.La dependencia federal enfoca todas sus baterías en el caso Chihuahua, pero esconde bajo su falda protectora el caso Rubén Rocha y “los otros nueve” acusados de narcotráfico por Estados Unidos. De eso no hay avances ni información pública.La FGR ha señalado en dos comunicados que investiga activamente la participación de dos agentes de la CIA en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en Chihuahua.Allí precisa que ha citado a declarar a 50 personas para “aplicar todo el peso de la ley en contra de quien resulte responsable ante la presencia de personas extranjeras, al considerarse la posibilidad de que se hayan cometido delitos en materia de seguridad nacional”.Siempre es más fácil defender la “seguridad nacional”, sobre todo si involucra a una gobernadora de oposición, que desmantelar la narcopolítica de Sinaloa, sobre todo si involucra a un gobernador del oficialismo, amigo del ex presidente. La “matriz de priorización y segmentación criminal” de la FGR, una novedad vertida en su plan estratégico, enlistó los criterios a partir de los cuales identificará los casos de “prioridad máxima”.Para que la dependencia destine recursos extraordinarios, el asunto debe ponderar lo siguiente: El daño social que causa el delito, el nivel de violencia, la vulnerabilidad de las víctimas, la posibilidad de desarticular estructuras criminales, la serialidad o patrón delictivo, la viabilidad probatoria y el impacto territorial (página 78).Si utilizamos esta vara, ¿qué caso debería tener “máxima prioridad”, Chihuahua o Sinaloa?En el documento, la FGR señala como un desafío que seis de cada diez mexicanos perciben como corrupta a la dependencia (Inegi). Con este proceder, la Fiscalía se esmera en engrosar esa estadística, pues a todas luces jerarquiza sus expedientes con el rasero de la conveniencia política.
