El nuevo consejo empresarial que presentó la Presidenta Sheinbaum la semana pasada tiene muchas lecturas. Es algo más que el club de los amigos de Carlos Slim o un acto protocolario. Es una jugada de varias bandas y una respuesta urgente a la falta de crecimiento de la economía mexicana.La economía de nuestro país está arruinada. No hay inversión pública, porque no hay dinero que alcance para pagar los programas sociales (que, con todo lo que podamos discutir sobre su implementación, sigo pensando que no solo son necesarios sino un acto de justicia) y los costos escondidos de inversiones mal planeadas y peor ejecutadas. Dos en particular: el Tren Maya, una obra hecha al capricho del ex presidente López Obrador, sin estudios de origen y destino y enormes sobrecostos que hoy no genera ni una décima parte de lo que cuesta operarlo y mantenerlo, y Dos Bocas, una refinería construida por capricho en un manglar y que hoy opera apenas al 50 por ciento de la capacidad prometida. El Gobierno federal no tiene, pues, dinero para invertir. Ese motor de la economía está por lo pronto -y quizá así siga por un buen rato- apagado.El otro motor es la inversión privada, y ese está también detenido. En este caso es un problema de incertidumbre, la que genera el entorno internacional, principalmente la falta de claridad en la relación comercial con Estados Unidos, y la reforma judicial que sigue mandando señales de inseguridad jurídica (la propuesta de la siempre brillante ministra Batres de reabrir expedientes ya juzgados fue solo la gota que derramó el vaso).El famoso Plan México no está funcionando como se esperaba. Al no ser parte del gabinete y además tener la doble cachucha de funcionaria y empresaria, Altagracia Gómez Sierra no ha podido dar los resultados que ella misma y, sobre todo, la Presidenta esperaba. El nuevo consejo de inversión, en el que el ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, participa no como inversionista (no tiene el tamaño) sino como articulador político, es también un golpe a su sucesor en el CCE, José Medina Mora, que dio muestras en su paso por Coparmex de independencia y visión crítica.Alguien, muy probablemente el secretario de Hacienda, Édgar Amador, convenció a la Presidenta de que sin inversión privada la economía no crecería y, si eso era así, el proyecto de la llamada Cuarta Transformación corría el riesgo de fracasar, por lo que ella debería ser la interlocutora directa de los grandes inversionistas. La esperanza es que esta señal de confianza alcance a otros empresarios de menor tamaño y cuyas decisiones son igual o más importantes que las de los gigantes.Más allá de rollos ideológicos, en la práctica regresamos al derecho de picaporte. Es ahí en Palacio Nacional donde los grandes empresarios encontrarán la “seguridad jurídica”, así, entre comillas, que el resto de los mexicanos no tendrán. Qué bueno que ya se acabó la era de los privilegios, o, ¿cómo era esa cantaleta?diego.petersen@informador.com.mx
