Hay una guerra en los llamados organismos cúpulas. El nombre es de por sí petulante y lo cierto es que los organismos empresariales son cada vez menos trascendentes. En algún momento fueron realmente importantes en la construcción de la relación entre el Gobierno y la iniciativa privada, particularmente en el final del sexenio de Miguel de la Madrid y durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari cuando los famosos Pactos (el de Estabilidad y Crecimiento Económico y luego el de Solidaridad) permitieron controlar la inflación y regresar al país a la senda del crecimiento económico. En aquellos años, la relación entre la iniciativa privada y los gobiernos priistas estaba muy desgastada por decisiones en los sexenios de Echeverría y López Portillo, particularmente la nacionalización de la banca en 1982.En esos años, los organismos cúpula ganaron una importancia y notoriedad que se fue desdibujando con el tiempo. El nivel de representación, los perfiles de quienes ocupaban las presidencias de los organismos, se redujeron a actos simbólicos. El proyecto de nación era el que los grandes empresarios habían deseado y había poco que discutir. La correlación de fuerzas cambió con López Obrador y la reforma al Poder Judicial fue un punto de quiebre. Años de estancamiento económico y la falta de confianza de los inversionistas obligaron a la Presidenta Claudia Sheinbaum a buscar una relación más cercana con los empresarios, lo que ha desatado una guerra en las cúpulas.La presencia de la tapatía Altagracia Gómez Sierra —la ministra sin cartera— hace poca gracia a algunos empresarios acostumbrados a ser ellos quienes deciden. Más allá de los posibles conflictos de interés que sí existen y que tienen que ser aclarados y transparentados, Gómez Sierra es también un estorbo para algunos de los miembros del gabinete que la ven como alguien sin experiencia y que mete ruido en los oídos de la Presidenta. El conflicto mayor, sin embargo, parece estar entre los miembros del grupo Monterrey, que apoyaron la llegada de José Medina Mora, ex presidente de Coparmex Jalisco y Coparmex Nacional, como presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el ingeniero Carlos Slim, el hombre más rico y poderoso del país, que tiene en el ex presidente de ese mismo organismo, Eduardo Cervantes, a su personero en la relación con el Gobierno, creo su consejo paralelo.La pugna llegó a los periódicos y las columnas de negocios. Mientras a Altagracia Gómez se le señala de conflicto de interés, a Eduardo Cervantes se le acusa de tener vínculos con Raúl Rocha Cantú, el empresario dueño de Miss Universo y acusado de huachicol y tráfico de armas. ¿Quién gana con esta pugna? Me gustaría pensar que la Presidenta, pero no es así. Las cumbres borrascosas empresariales y la falta de claridad en la representación e interlocución con el gobierno solo generan más desconfianza entre los inversionistas.diego.petersen@informador.com.mx
