Menos de año y medio después autoridades cayeron en las mismas omisiones por las que se dejaron de investigar, y por lo tanto quedarán en la impunidad, delitos cometidos por el crimen organizado.Primero en septiembre de 2024, cuando la Fiscalía de Jalisco no resguardó el Rancho Izaguirre luego de un operativo de la Guardia Nacional donde detuvieron a 10 hombres que tenían a dos sujetos privados de su libertad, y a otro ya sin vida.Diecisiete meses después, el 22 de febrero pasado, dejaron también sin vigilancia las cabañas del Tapalpa Country Club que fueron el último refugio de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, donde la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lo quiso detener y terminó abatiéndolo.Con los retrasos que caracterizan las investigaciones policiales y jurídicas en este país, la Fiscalía General de la República (FGR) salió a reconocer ayer algo que todos vimos horas después del operativo militar en ese pueblo mágico jalisciense: que nadie cuidó las cabañas y que por eso se había roto la cadena de custodia, que les impide ahora tener certeza jurídica de lo que encontraron días después, ya que muchos medios de comunicación habían mostrado sus interiores e incluso tomado, lo que presumen, son las narconóminas de El Mencho con la relación de sobornos a jefes policiales de municipios de esa región y a la recién creada Policía Estatal de Caminos de Jalisco.La justificación de la FGR, de Ernestina Godoy, es que no había “condiciones mínimas de seguridad” para su personal ministerial y pericial ante alguna eventual respuesta del grupo delictivo que encabezaba El Mencho. Que por eso el aseguramiento de seis inmuebles se hizo hasta que “la situación fue contenida” y se solicitaron las órdenes de cateo.La FGR aseguró también ayer que realiza una investigación para determinar “la posible responsabilidad” de los servidores públicos que no preservaron el lugar, ya que por las personas que entraron antes y alteraron y “contaminaron” la escena, ahora los objetos e indicios encontrados en el lugar no servirán como eventuales pruebas contra los detenidos y la actividad del capo abatido.El caso es que están sin resultados las investigaciones que, igual, para deslindar responsabilidades de los que abandonaron el Rancho Izaguirre, se anunciaron en marzo del año pasado, luego de que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco descubrió en ese predio más de mil 500 prendas personales, que tornaron lo que se creía un centro de adiestramiento criminal, también en un centro de tortura y muerte.Esas investigaciones fueron ordenadas tanto por la FGR como por la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco, que no ha podido llevar a los señalados ante los juzgados, argumentando que en el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) no hay citas disponibles. Ojalá que la investigación de la FGR de lo ocurrido en el Tapalpa Country Club sí avance, y desatore las del Rancho Izaguirre.
