En menos de nueve meses en Jalisco, el alcalde morenista de Tequila, Diego “N”, se convirtió en el segundo presidente municipal detenido acusado de tener nexos con el crimen organizado. El primero fue el emecista José Ascención Murguía, alcalde de Teuchitlán. Fue detenido en mayo pasado por estar vinculado al huachicol fiscal y al Rancho Izaguirre, ese centro de adiestramiento criminal asegurado en septiembre de 2024 y que se tornó también en un posible centro de exterminio luego de encontrar cientos de pertenencias personales hace ya casi un año, sin que hasta ahora el caso esté esclarecido. Acusado de ser narcoalcalde, la detención de Diego “N” coincidió el jueves pasado con la publicación de Mary Beth Sheridan, una influyente articulista del periódico estadounidense The New York Times, que incomodó a la Presidenta Claudia Sheinbaum, por afirmar que su Gobierno no combate de lleno a los cárteles del crimen organizado por toda la red de complicidades que tienen con la clase política y gubernamental de Morena, ya que de hacerlo debilitaría a su partido de cara a las elecciones del 2027. “Es un artículo de ficción, porque no hay ninguna prueba (…) no tendríamos los resultados que tenemos si hubiera colusión con el crimen”, reviró el viernes desde la mañanera que tuvo en Michoacán.Lo cierto es que de narcopolítica en México se habla desde los Gobiernos priistas de la década de los setentas del siglo pasado y que tuvo su episodio paradigmático con el Caso “Kiki” Camarena ocurrido aquí en Guadalajara en 1985, cuando la DEA denunció encubrimientos del Gobierno federal, estatal y municipal y sus corporaciones castrenses y policiales, en el secuestro y muerte de su agente a manos de Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo. La evolución democrática que alcanzamos con la primera alternancia en el año 2000 y que hoy se encuentra en enorme riesgo, tampoco sirvió para detener el creciente poder corruptor y de fuego del narco. Los panistas tuvieron su emblemático caso de Genaro García Luna, secretario de seguridad en el sexenio de la guerra del narco de Felipe Calderón, hoy preso en Estados Unidos por proteger al cártel de Sinaloa.Es evidente que la llegada del Gobierno de la autollamada cuarta transformación con Andrés Manuel López Obrador al frente en el 2018, lejos de representar un avance en el combate al narcotráfico, su política de abrazos y no balazos, hizo crecer como nunca su poder e influencia. En 2024, el dos veces ganador del premio Pulitzer, Tim Golden, publicó en NYT que el narco había financiado en 2006 la campaña de AMLO, cosa que naturalmente siempre negó el ex presidente.Por eso, luego de la detención del alcalde de Tequila y todo lo que ha trascendido, la pregunta es hasta dónde ha penetrado hoy la narcopolítica en el Gobierno federal, en cuántas entidades de la República y en cuántos municipios como sucedió en este municipio emblemático de México, y qué tenemos que hacer distinto para expulsarlos y castigar a sus aliados en gobiernos y partidos políticos.
