Por la virtual guerra informal que vivimos, caracterizada por un aumento de la violencia, homicidios dolosos, desapariciones, fosas clandestinas, aumento de cuerpos y restos humanos sin identificar en los servicios forenses, violencia feminicida y contra las infancias, y un reclutamiento forzado estructural que amenaza a las juventudes, México vive una crisis humanitaria de proporciones significativas.Así lo han denunciado reiteradamente las víctimas y familias que a lo largo de los últimos años han debido organizarse para enfrentar esta crisis estructural y hacer las tareas que le corresponden al Estado pero que no lleva a cabo, lo cual profundiza esta crisis.El mejor ejemplo de ello es el trabajo de las madres buscadoras que llevan a cabo búsquedas en campo, incluso poniendo en riesgo su vida.El lunes Amnistía Internacional (AI), sección mexicana, alertó sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos en México durante 2025, “con preocupación por la crisis de desapariciones, el aumento de asesinatos de defensores y periodistas, así como la vulnerabilidad de migrantes y personas desplazadas por la violencia”, al presentar dos informes: “La situación de los derechos humanos en el mundo 2025/26” y el informe “Promesas en marcha, derechos en riesgo, el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum”.En este último informe, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Edith Olivares Ferreto, reconoció que la presidenta Claudia Sheinbaum recibió ya un país inmerso en la violencia y con crisis pero que en su primer año muchas de las tendencias que configuran esta crisis se han mantenido. “En Amnistía Internacional reconocemos que la Jefa del Ejecutivo recibió un país con una profunda crisis de derechos humanos, advertimos también que algunas medidas que ha adoptado podrían afectar aún más esa delicada situación, por lo que en nuestro informe incluimos más de treinta recomendaciones orientadas a que se avance en el respeto, garantía y protección de los derechos humanos”, declaró Olivares Ferreto.Entre las recomendaciones que planteó la directora de Amnistía Internacional México están la derogación de la reforma al Poder Judicial y la legislación que terminó por militarizar la seguridad pública en México al pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional. AI expuso en este informe algunos casos donde las fuerzas de seguridad han perpetrado violencia en contra de civiles, como el ataque el 2 de octubre de 2024 cuando elementos del ejército dispararon a un vehículo donde viajaban 30 personas migrantes en Chiapas, muriendo seis de ellas y una decena heridas. Ese mismo mes, continúa el informe de AI, en Tamaulipas, personal militar privó de la vida a tres personas en dos hechos diferentes y en mayo de 2025 dos niñas murieron en Sinaloa cuando militares dispararon contra el vehículo familiar en que viajaban. El informe de Amnistía Internacional pone énfasis en la crisis por desaparición de personas que se viven en México con más de 130 mil personas desaparecidas, de acuerdo con el registro oficial del gobierno mexicano. Pese a las reformas legislativas en la materia, en el informe de Amnistía Internacional se “denuncia la ausencia de las autoridades en la búsqueda de esas personas, lo que ha llevado a la creación de decenas de organizaciones que hacen esa labor y que son encabezadas en su gran mayoría por mujeres; advierte además del riesgo que esa actividad implica para su vida. En 2025 se reportó el asesinato de al menos siete personas buscadoras”. Ante ello, le piden al Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum que acepte el llamado de ayuda del Comité de la ONU contra las desapariciones forzadas. “Ante la crisis estructural de la desaparición de personas, hacemos un llamado respetuoso a la presidenta Claudia Sheinbaum para que atienda la solicitud del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, porque de ella pueden surgir contribuciones fundamentales para el abordaje de ese tema, que afecta a miles de familias en México. El trabajo conjunto facilitaría además la asistencia de la comunidad internacional. Estos apoyos son fundamentales para trazar el camino que eventualmente lleve justicia a las familias de las personas desaparecidas”, agregó Olivares Ferreto.Ya sea que lo soliciten organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, pero especialmente porque así lo han demandado las víctimas y las familias organizadas que buscan a sus desaparecidos, el gobierno mexicano debería reconocer y admitir esta grave crisis de derechos humanos y que las capacidades para atenderla están rebasadas para terminar por admitir la ayuda internacional. Es urgente detener esta crisis y claramente desde el Estado mexicano no se está resolviendo esta crisis.
