En el pasado los ataques con “carros bomba” fueron utilizados con frecuencia en el otro lado del mundo por grupos insurgentes y terroristas en Irán y Afganistán -como Al-Qaeda, los talibanes y el Estado Islámico- para atacar a las fuerzas militares internacionales y de seguridad afganas/iraquíes, mientras que de este lado, en Colombia, este recurso llegó a ser usado por la guerrilla y los narcotraficantes del Cartel de Medellín de Pablo Escobar, para atentar en contra de las autoridades que los perseguían.El uso de “carros bomba” no ha sido ajeno en nuestro país, pero no con la frecuencia que los grupos terroristas en el pasado recurrieron a ese método en otras partes del mundo para atacar e intimidar. Sin embargo, en los últimos tres años el narcotráfico en nuestro país ha llegado a esos extremos. Solo hay que recordar lo que sucedió el 12 de julio de 2023 en Tlajomulco de Zúñiga, cuando atentado de esa naturaleza dejó 6 muertos y 14 heridos cuando se investigaba una supuesta fosa clandestina; en octubre del 2024, en Jerécuaro y Acámbaro, Guanajuato, dos explosiones cimbraron a esas poblaciones, y lo que sucedió este fin de semana en Coahuayana, Michoacán, donde un “carro bomba” explotó frente a la Comisaría de la Policía Comunitaria con un saldo de 6 muertos y 6 heridos, según informó el Gabinete de Seguridad del gobierno federal -en su cuenta de X-, agregando que al unísono se llevó a cabo a cabo un ataque con drones explosivos.El crimen organizado, con la utilización de “carros bomba” como recurso de contraataque, está escalando el enfrentamiento que pone aún más en riesgo a la población, lo que deben ser motivo de mucha preocupación por parte del secretariado de seguridad, ya que esta lucha en contra de los grupos delincuenciales puede llevarnos a otros niveles de consecuencias. Un análisis de la Índice de Paz México indica que el “Uso extensivo de la violencia para controlar territorios y actividades, debilita a las instituciones y afecta la calidad de vida”, mientras que un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), confirma que “... el crimen y la violencia reducen la calidad de vida en el país y representan enormes pérdidas de capital humanos, social y económico”.La respuesta de la Fiscalía General de la República al “carro bomba” en Michoacán ha sido del tradicional “Iniciamos una carpeta de investigación… ”, hasta el “... estamos coordinando las investigaciones con las autoridades municipales, estatales y federales”, lo que es mismo cliché de siempre, cuando de antemano ya sabemos de donde provienen los ataques, el problema escala a niveles de más alto riesgo y las consecuencias pueden llevarnos a situaciones incontrolables que provoquen una crisis de seguridad.Usted, ¿qué opina?
