Mientras que la Presidenta Claudia Sheinbaum se compromete que la Nueva Escuela Mexicana y los libros de texto gratuitos continuarán y Marx Arriaga, ex director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), continúa atrincherado desde el viernes por la mañana en su oficina de la dependencia, los profesores de los Comités para la Defensa de esa corriente educativa -creador por el mismo funcionario cesado de sus funciones- demandaron en un desplegado un aumento salarial del 100 por ciento.En el pliego petitorio dado a conocer el fin de semana, los Comités de Defensa de la Nueva Escuela Mexicana, “exigimos un trato digno al camarada Marx Arriaga Navarro y que el mismo trato se aplique a todos los niveles precarizados -pobres e insuficientes- del magisterio”, todo esto, argumentan, “...para compensar las pérdidas de más de 30 años de políticas educativas neoliberales”.Además, se agregan a las demandas en el desplegado, “...la asignación de plazas definitivas para los egresados normalistas y la desaparición de desventajas en las escuelas rurales y urbanas del país”.Por supuesto, la petición primordial es el rechazo a la destitución del “camarada”, que en el contexto político esa palabra se usa entre miembros de un mismo partido, particularmente de izquierda, para referirse a un correligionario, quien está reconocido -Marx Arriaga- como el principal impulsor de la Nueva Escuela Mexicana. Este “atropello político”, como se le denomina a la destitución del “camarada”, es una “papa caliente”, no tanto para Mario Delgado, titular de la SEP, sino para la Presidenta Sheinbaum, ya que “la madeja se les empieza a enredar”, en un asunto de la que estaba enterada plenamente. Y es que desde el momento en que hace algunos meses a Marx Arriaga se le ofreció la embajada en Costa Rica para sacarlo del puesto, no fue un ofrecimiento directo de Mario Delgado, del que está imposibilitado de hacerlo, sino de la Mandataria misma, ya que acuerdo al artículo 89 de la Constitución Política de México, la propuesta debe ser presidencial -con la autorización de trámite por parte del Senado-.Así que, lo que era aparentemente solo un cese laboral, se ha convertido en un problema político y magisterial.¿Usted, ¿qué opina?
