Los efectos del bombazo de Estados Unidos de fines de abril cuando la administración Trump pidió la detención del gobernador Rubén Rocha Moya, quien tuvo que pedir licencia, y la de otros nueve funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa, por acusarlos de narcopolíticos ligados al crimen organizado, le cobraron factura a la Presidenta Claudia Sheinbaum al bajar su aprobación siete puntos según la encuesta de Enkoll, realizada para el periódico El País y W Radio.Hace un año, en mayo de 2025, en esa misma medición, la Presidenta aparecía con su mayor aprobación. En mayo de 2026, apareció 15 puntos abajo, con 68% de aprobación. Por si eso fuera poco, registró también su mayor porcentaje de desaprobación en lo que va de su gestión, al alcanzar los 27 puntos.Así llegó a su festejo de ayer donde minimizó ese tema y hablo del avances de su Gobierno y la defensa de la soberanía nacional y que la colaboración no significa sometimiento.Lo cierto es que este mes de junio iniciará con más secuencias y consecuencias del Rocha Moya-gate, que si no ajustan la estrategia para enfrentarlo, podría ser otro mes terrorífico para la Presidenta como fue mayo, en el que también le creció la controversia por el caso de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien tomó la condescendencia con la que el Gobierno de la 4T ha tratado a Rocha Moya y compañía, para decirse perseguida política por las investigaciones que hace la Fiscalía General de la República (FGR) por la participación ilegal de dos agentes de la CIA en un operativo antinarcóticos en la sierra de aquella Entidad.De entrada, la Fiscalía federal de Estados Unidos pidió el viernes pasado a un tribunal que la primera audiencia con el ex secretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, se realice el próximo miércoles 3 de junio, en acuerdo con sus abogados defensores.Como se recordará, Mérida, general retirado del Ejército mexicano, fue el primero en entregarse a la justicia estadounidense el pasado 11 de mayo en Arizona, y tuvo su primera comparecencia el 15 de mayo ante el tribunal de Nueva York que lo acusa de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa. Ahí se declaró no culpable de conspiración para importar narcóticos y para poseer armamento. Delitos por los que lo podrían condenar a cadena perpetua.Habrá que ver también lo que suceda con Marco Antonio Almanza Avilés, ex director de la Policía de Investigación de Sinaloa, quien al salir la semana pasada de declarar ante la FGR se dijo inocente y que nunca se entregaría a los EU, cosa que hizo el viernes, convirtiéndose en el tercer funcionario en hacerlo, luego de Mérida y de Enrique Alfonso Díaz Vega, ex secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.
