Que ahora sí en el Consejo de la Judicatura Federal habrá cero tolerancia a la corrupción y eso se demostrará “con acciones y no con discursos” para que el Poder Judicial de la Federación sea “una institución sólida y confiable para la población”.Con esa promesa cerró el comunicado emitido el viernes por el CJF en el que daba cuenta de un hecho que muy poco sucede en el país y que es sólo un botón de muestra de la infiltración delincuencial que existe entre jueces y magistrados en todo el país: la detención en Guadalajara por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) del magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, quien fue remitido a la Ciudad de México.El CJF acusó el 24 de mayo pasado a este magistrado federal por “irregularidades patrimoniales e ingresos adicionales”, pero antes el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había señalado a Avelar Gutiérrez de tener vínculos con la banda delincuencial que lideran Los Cuinis, así como con el Cártel Jalisco Nueva Generación, de los que habría recibido fuertes sumas de dinero a cambio de resoluciones judiciales a su favor.Una golondrina no hace verano, por eso ojalá que esta detención se trate de un caso aislado, porque sin duda el Poder Judicial Federal, y el país en general, serían otros con un verdadero combate a la corrupción y no las simulaciones que hoy tenemos.Esta importante detención coincide con el debate y los litigios que se han dado contra la reforma al Poder Judicial, que entre otras cosas, pretende aplicar pruebas de control y confianza para jueces y magistrados para depurar el Poder Judicial.De hecho, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovió una demanda de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que los resultados de esos exámenes no se consideren confidenciales, sean transparentados y objeto de máxima publicidad.Pese a este recurso en marcha, y otros amparos tramitados en lo individual por jueces y magistrados que se oponen a ser examinados, en el Poder Judicial ya eligieron, en un proceso discrecional y poco claro, una terna para que en el Congreso se defina al primer titular del Centro de Evaluación que aplicaría las pruebas de control y confianza. El hecho de que estos candidatos no hayan sido fruto de una convocatoria abierta ha provocado que se les descalifique y se cuestione su idoneidad.Ante todos estos vericuetos y dificultades para lograr un mecanismo fuerte e independiente para acabar con la impunidad y la corrupción de muchos jueces y magistrados locales, que como Avelar Gutiérrez no podrían explicar el origen legal de sus ingresos y de sus patrimonios, lo que queda claro es que nada de eso haya sido necesario si el Consejo de la Judicatura local haya hecho su trabajo, y no se haya convertido en otra fuente de corruptelas más. Por eso, ante el ejemplo del CJF, es momento de revisar si la Judicatura local tiene o no razón de ser.jbarrera4r@gmail.com
