Una reciente resolución del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos representa un golpe significativo para la estrategia comercial del expresidente Donald Trump, al debilitar su argumento legal para imponer aranceles unilaterales bajo el pretexto de una emergencia nacional. Este fallo no solo reconfigura el marco jurídico del comercio internacional estadounidense, sino que también introduce un nuevo factor de incertidumbre —y potencial oportunidad— para México en el tablero de negociaciones comerciales.El tribunal, con sede en Nueva York, concluyó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), de 1977, no otorga al presidente la autoridad para imponer aranceles generalizados sin la intervención del Congreso. En otras palabras, reafirmó que la Constitución estadounidense confiere al poder legislativo la facultad exclusiva de regular el comercio con otras naciones, y que esta no puede ser desplazada por el Ejecutivo, incluso bajo el argumento de una emergencia económica.Este pronunciamiento fue resultado de dos demandas independientes: una presentada por el Liberty Justice Center —organización de corte libertario— en representación de pequeñas empresas importadoras de Austin Texas y otra interpuesta por una coalición de gobiernos estatales. Ambas impugnaron los llamados aranceles del «Día de la Liberación», un paquete impositivo que Trump promovió como medida para proteger la economía estadounidense.El fallo también cuestiona la legalidad de otros aranceles impuestos por la administración Trump a países como China, México y Canadá, bajo el argumento de una supuesta amenaza derivada del tráfico de drogas e inmigración irregular. Aunque algunos aranceles específicos —como las que afectan al acero, aluminio y automóviles— no fueron objeto directo del fallo al estar amparados en otra legislación, el mensaje del tribunal es claro: la discrecionalidad presidencial en materia arancelaria no es ilimitada.La Casa Blanca, como era de esperarse, reaccionó con dureza y apeló la decisión. El caso se encuentra ahora en una corte de apelaciones, que suspendió temporalmente los efectos del fallo mientras analiza el fondo del asunto. La próxima audiencia está programada para el 5 de junio y, dependiendo de su desenlace, el caso podría escalar hasta la Corte Suprema. Sin embargo, incluso si Trump pierde en esa instancia, no sería el final de sus aspiraciones arancelarias: aún podría recurrir a otras leyes más robustas —como las relacionadas con la seguridad nacional— que requieren investigaciones formales y procesos de consulta pública.En este contexto, México lee con atención las señales. El cuestionamiento judicial a la legalidad de los aranceles no solo debilita la narrativa de Trump, sino que le resta fuerza a su posición negociadora en futuras rondas comerciales. La sentencia crea un compás de espera: muchos países —incluido el nuestro— preferirán postergar definiciones hasta conocer la resolución definitiva y los nuevos fundamentos legales que podrían utilizarse para justificar medidas similares.Más allá del proceso legal, la controversia revela un conflicto profundo al interior de los actores económicos y políticos de Estados Unidos. La fractura entre el Ejecutivo, el Congreso, los gobiernos estatales y el sector empresarial genera un entorno inestable, pero también ofrece una ventana de oportunidad para que México refuerce su diálogo estratégico con estos actores, especialmente en un momento en que el futuro del comercio bilateral vuelve a estar en juego.En suma, el tiempo ha adquirido un nuevo valor estratégico. Mientras se prolonga el litigio, el desgaste político e institucional se acumula del lado estadounidense. México, por su parte, se mantiene vigilante, activo y preparado para actuar en cuanto se clarifique el panorama legal. Porque si bien los aranceles siguen vigentes por ahora, el precedente judicial ya ha puesto en entredicho parte de su legitimidad.
