Los pronósticos de las tentaciones autoritarias en las que podría incurrir el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por el abrumador triunfo electoral del 1 de julio, que le dio las mayorías tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, se han manifestado claramente en dos temas cruciales para enfrentar la peor crisis de inseguridad y violencia por la que atraviesa el país.Me refiero a la forma en cómo sus mayorías parlamentarias han dado trámite a la creación de la Guardia Nacional y al nombramiento del primer titular de la Fiscalía General de la República, que sustituirá a la Procuraduría General de la República.A ambos temas se les dio curso justo en el momento que el Presidente está capitalizando el enorme apoyo popular que ha recibido por la inédita cruzada que ha iniciado contra el robo de hidrocarburos, aún pese a las crecientes molestias ciudadanas que ha provocado el desabasto de gasolinas en las más importantes ciudades de México.De acuerdo a distintas mediciones y encuestas, la guerra de AMLO contra los huachicoleros ha logrado reunir las simpatías de muchos mexicanos, incluso por arriba de las alcanzadas en la jornada electoral.En esta comodidad, y con todo el olfato y habilidad política que le caracteriza, López Obrador y sus bancadas lograron las alianzas necesarias para sacar adelante sus controvertidas iniciativas para implementar su Plan Nacional de Paz y Seguridad.En el caso de la Guardia Nacional, el tabasqueño hizo la finta de escuchar las críticas de gobernadores, de las y los alcaldes, académicos y expertos en derechos humanos, así como de organizaciones de la sociedad civil, y pidió modificar la iniciativa para supuestamente dejarla con un mando civil y no militar.Pero lo cierto fue que los términos en los que se aprobó el miércoles en la Cámara de diputados, el control civil de la Guardia Nacional quedó sólo en temas administrativos, y su operación en manos militares. Todavía ayer se dio el lujo de manifestarse en contra de la minuta de aprobación por haber excluido un artículo que permite a soldados y marinos participar en labores policiales, mientras se consolida la Guardia Nacional y anunció que pedirá al Senado lo reincorpore.Con ello, el Presidente, su partido Morena, y sus aliados electorales PT y PES, y los coyunturales Verde y PRI, ignoraron olímpicamente las advertencias de Organizaciones Civiles, nacionales y extranjeras, incluida la ONU, de los riesgos de militarizar la seguridad pública.Tampoco atendió las exigencias de los grupos que integran el movimiento #FiscalíaQueSirva, para que el primer fiscal viniera de propuestas ciudadanas. El Senado confeccionó y simuló una lista de 10 aspirantes de la que AMLO palomeó a Alejandro Gertz, Bernardo Bátiz y Verónica de Gyves, todos de una gran cercanía al Presidente, y donde claramente lleva ventaja el primero.Huachicol, aún no delito graveAyer adelanté aquí que en el Congreso se aprobaría convertir en delito grave el huachicoleo, la corrupción y las faltas electorales, pero la sesión se suspendió después del cierre de la edición y se pasó para febrero, cuando seguramente quedará esta iniciativa aprobada, del mismo modo que la Guardia Nacional y el fiscal. Todo con sello morenista y sin contrapesos.jbarrera4r@gmail.com
