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Lunes, 21 de Mayo 2018

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Tropezones y lecciones

Por: Enrique Toussaint

Tropezones y lecciones

Tropezones y lecciones

Todo indica que el Congreso podrá tomar protesta a Gerardo de la Cruz como fiscal anticorrupción en cuanto presente los exámenes de control y confianza. Sin embargo, eso no borra de un plumazo los errores y resbalones que ha tenido el proceso de nombramiento del fiscal anticorrupción. Desde el envío de la fallida primera terna del gobernador del Estado pasando por omisiones del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción (CPS) y concluyendo con la caprichosa suspensión solicitada por Gabriel Valencia, y que retrasó en 23 días la formalización del penalista De la Cruz como el fiscal anticorrupción.

El gobernador resbaló desde un inicio. La terna que envió el 4 de diciembre significaba una falta de respeto para el Comité de Participación Social-después de haberse comprometido a tomar en cuenta su evaluación-, al incluir un perfil-Adrián Talamantes, que ni siquiera había presentado su declaración 3 de 3 y que se había negado a someterse a las evaluaciones del propio órgano ciudadanizado. De la misma manera, aunque el gobernador señale que asumía que los tres eran elegibles, queda claro que esbozó un reparto de cuotas en la primera terna: uno del gobierno del estado (Lilia Iris Morán), otro de Raúl Padilla (Rogelio Barba) y otro de Enrique Alfaro (Adrián Talamantes). Así, esta primera terna originó los desajustes y confusiones que se sucedieron. Y también preocupa que no hubiera nadie que le dijera a Aristóteles Sandoval que estaba enviando un perfil que no cumplía con los estándares mínimos prometidos por él mismo unos días antes cuando se reunió con el CPS.

Un segundo momento fue la incapacidad del CPS para evitar posibles conflictos de interés en la designación del Fiscal Anticorrupción. Es cierto, la metodología diseñada por el Comité es intachable para evaluar la experiencia y conocimiento sobre el proceso de fiscalización y el combate a la corrupción, pero deficiente e insuficiente a la hora de descartar perfiles comprometidos con agendas políticas, intereses partidistas o algún tipo de conflicto de interés. Es decir, el filtro del CPS sirvió para decirnos quien conoce de la materia, pero nunca nos aseguró la independencia de quien llegaría al cargo. Por ello, un militante de MC, como Gabriel Valencia, resultó elegible luego de la evaluación. ¿Cómo es posible que un afiliado a un partido político que gobierna la ciudad y que podría gobernar Jalisco en 2018 pudiera llegar a la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción? ¿Cómo es posible que alguien que ha ocupado puestos en la administración estatal haya sido la mejor evaluada? Me parece que el CPS tiene que afinar la metodología de selección para que no sólo se premie el conocimiento, sino también la independencia y se detecten posibles conflictos de interés.

Y, por último, el amparo promovido por Gabriel Valencia, del que se desistió ayer, también nos ilustra como las agendas particulares pueden opacar por completo el interés general. El amparo se fincaba en la violación de un derecho político a la participación, cuando en ningún ordenamiento jurídico existe la obligación de incluir a nadie en una terna. El CPS es sólo un filtro, pero no puede violar la autoridad constitucional que tienen el gobernador y el Congreso de elegir a los fiscales. Ni los tribunales ni el CPS pueden violar dicha disposición

que proviene de una sanción democrática: el voto de las y los ciudadanos. Por lo tanto, el amparo promovido por Gabriel Valencia, como militante de MC, no sólo demostró que el abogado quería llevar el proceso hasta las últimas consecuencias por no haber sido incluido en la terna, sino que existe una tendencia muy peligrosa de los tribunales a la hora de querer usurpar atribuciones que no le corresponden. Lo paradójico es que Gerardo de la Cruz, el perfil más independiente para ocupar la Fiscalía, fue apoyado por MC desde el principio, pero el amparo promovido por Valencia les supuso también un raspón inexplicable.

De este proceso, todos aprendimos: políticos, integrantes del Comité, periodistas, ciudadanos. Como señala Jorge Alatorre, el presidente del CPS, el combate a la corrupción nunca supuso un camino de rosas y sin complicaciones. Es interesante de constatar el seguimiento de la ciudadanía al proceso, la supervisión y la participación de los tres poderes constitucionales, de una u otra manera. Y es innegable que la credibilidad del Sistema Estatal Anticorrupción dependerá de que se corrijan los errores en el futuro y los vicios del pasado no empañen los procesos de transformación institucional. Este proceso que comenzó en noviembre es un laboratorio ideal para entender a lo que se enfrentará el Sistema Anticorrupción en próximos años. La labor es titánica.

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