Con el ambiguo, y en momentos contradictorio informe que rindió Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de República (FGR) el martes pasado, el caso del Rancho Izaguirre, del municipio de Teuchitlán, entró a un momento crítico que podría echar abajo la incipiente pero positiva relación que han construido con los colectivos antidesapariciones y de madres buscadoras tanto en el Gobierno estatal como en el federal.Como he apuntado aquí, el gobernador Pablo Lemus tuvo el tino de priorizar el grave problema de las desapariciones, no sólo entablando una comunicación directa con estas organizaciones desde su etapa como mandatario electo, sino que elevó a nivel de gabinete este tema al crear la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas. Estas acciones iniciales de empatía con quienes sufren por no saber del paradero de algún ser querido contrastaron con el rompimiento que tuvo con los colectivos, muy temprano en su gobierno, Enrique Alfaro en el sexenio anterior.En un momento similar está la Presidenta Claudia Sheinbaum. Luego de la mala relación con la que terminó su antecesor Andrés Manuel López Obrador con las familias de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y con las organizaciones de madres buscadoras, el caso Teuchitlán hizo que, en marzo, desde el Poder Ejecutivo se enviaran una serie de iniciativas para buscar enfrentar de mejor forma esta crisis humanitaria que se vive en el país, y se abrieron también las puertas de la Secretaría de Gobernación (Segob) para escuchar las observaciones y demandas de los colectivos.Ese acercamiento alcanzado entre Gobierno estatal y federal con las familias de las víctimas, del catalogado como el delito que más desconcierto, incertidumbre y dolor produce, se puso en zona de alto riesgo con las “verdades” que soltó Gertz Manero, y que provocaron de inmediato el repudio del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que pidieron la intervención y ayuda de la Presidenta.Y es que, luego de la rueda de prensa del fiscal de la República, lo único que quedó claro fue su propósito de insistir en la narrativa de que el Rancho Izaguirre sólo fue un centro de adiestramiento criminal, pero que no había indicio alguno para saber si mataban o no ahí a quienes privaban de la libertad y no acataban sus órdenes.En su afán de acabar con la idea que se trataba de un campo de exterminio, que igual no lo fue por no contar con hornos crematorios, Gertz señaló que sólo había indicios de “fogatas”, y aseguró que la ropa encontrada por los Guerreros Buscadores no estaba en el Rancho Izaguirre en septiembre, cuando esa finca fue asegurada. Además de que esa afirmación ofendió a las madres buscadoras por sugerir implícitamente algún montaje de su parte, la negativa de haber encontrado restos humanos contradice la versión de la Fiscalía de Jalisco, que en un boletín oficial emitido el 12 de marzo informa que hallaron “seis lotes óseos en cuatro espacios en el predio”.Ante esa irritación de los colectivos, la Presidenta Sheinbaum prometió que se escucharán sus reclamos para “coadyuvar” en la investigación de la FGR. Por eso, el Gobierno estatal debería reconsiderar seriamente el pleno respaldo que dio inicialmente a la versión de Gertz.
