Ya sin estar en la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador logró, en su tercer intento, que la Guardia Nacional que él decidió crear en 2019 finalmente quede bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a lo que como opositor siempre criticó, con la aprobación de la Ley de la GN.Fue la primera de las reformas aprobadas en el paquete de 24 leyes y códigos que se aprobaron en el Congreso de la Unión en el periodo extraordinario de sesiones que concluyó la semana pasada, y en el que, como en los más rancios tiempos priistas, se echó a andar la aplanadora morenista y sus aliados.Habrá que decir que, en los hechos, la GN se creó comisionando soldados y marinos a sus filas, y muy pocos policías civiles. Por lo que la oficialización de su incorporación a la Sedena es un mero trámite que no supone que ahora sí dé los resultados que prometió la 4T para combatir al crimen organizado, que les sigue ganando la batalla y apoderándose cada día de más regiones del País. No poder parar la guerra de Sinaloa es solo un botón de muestra.Un reconocimiento implícito de esto desde el Gobierno federal es la inclusión en este paquete que otorga mayores facultades a la Agencia de Transformación Digital, como manejar la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y las reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, del Sistema Nacional de Búsqueda, la Ley de Población, la Ley para Eliminar Trámites Burocráticos, la Ley del Sistema de Seguridad Pública y del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública.Ante las críticas y expresiones de preocupación por los riesgos a la privacidad de los datos, rutinas y hábitos personales, así como por el crecimiento de las amenazas a la libertad de expresión y el espionaje a adversarios políticos, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y José Merino, el titular de la poderosa ATG, han descartado que así sea, y han asegurado que todas las reformas son con el fin de tener más herramientas e información para hacer frente a los grupos de la delincuencia organizada.No nos queda, pues, más que dar un voto de confianza a la palabra presidencial y esperar que, ante eventuales abusos del poder a partir de este nuevo andamiaje institucional, el nuevo Poder Judicial muestre en los hechos que no está supeditado al oficialismo.Lo que habrá que decir también es que, una vez logrado el acomodo institucional que deseaba la 4T desde tiempos de AMLO para cumplir con su obligación de pacificar al País, ya no habrá pretexto si vuelven a fracasar como pasó en el primer sexenio morenista. Por el bien de México, ojalá que esta vez funcione.
