El Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo está reaccionando de forma muy contradictoria ante la crisis por desaparición de personas en el país, tras las revelaciones expuestas por madres familiares buscadoras en el Rancho Izaguirre, de Teuchitlán. Por un lado, se vio obligada a admitir que existe esta crisis y que la atención a las víctimas será prioridad en su administración. Es un reconocimiento que no estaba asumido al comienzo de su gestión en octubre del año pasado.Por eso son saludables los encuentros con representantes de colectivos de buscadores que la Presidenta encomendó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. También es saludable que la titular de Gobernación dijera a las madres buscadoras que combatir las desapariciones es fundamental para el actual Gobierno y que los funcionarios encargados de atender a las víctimas que no sean empáticos serán despedidos de la administración.Pero, de otro lado, no se entiende la molestia y la reticencia del Gobierno de la Presidenta Sheinbaum a abrirse al escrutinio de la Organización de Naciones Unidas (ONU), específicamente de su Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) que el jueves pasado reconoció que las desapariciones forzadas se llevan a cabo de “manera general o sistemática en el territorio bajo jurisdicción de México”, como lo expresó el presidente del CED Olivier De Frouville. En ese mismo anuncio, De Frouville dijo que luego de solicitar información al Gobierno de México, el CED evaluará si el tema de la crisis nacional por desapariciones es llevada a la Asamblea General bajo el argumento de que son “sistemáticas o generalizadas”. Sheinbaum reaccionó con molestia ante este anuncio y dijo que tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como la de Gobernación se comunicaron con el CED para rechazar el procedimiento de revisión. Según la Presidenta, hay “mucho desconocimiento” sobre México del Comité de la ONU referido, pues sostuvo que las desapariciones en el país están ligadas al crimen organizado y no son realizadas desde el Estado. Pero se equivoca la Presidenta, tanto al afirmar que ya no hay desapariciones forzadas en el país y también al acusar de desconocimiento sobre la situación de México al Comité de la ONU.Sobre el primer aspecto, la Presidenta parece desconocer que agentes del Estado de todos los niveles (municipales, estatales y federales) siguen participando en la desaparición de personas, como se puede constatar con la participación de policías de al menos 30 municipios en Jalisco; en las desapariciones cometidas por policías de Veracruz y otras Entidades, y las denuncias de desapariciones cometidas tanto por guardias nacionales, soldados o marinos. Aunque ella desde la Presidencia no ordene desapariciones, no quiere decir que agentes estatales ya no participen en ellas. Por lo tanto, sigue habiendo desapariciones forzadas.Y no es cierto que el CED tenga “mucho desconocimiento” de la situación del país. Desde que México firmó la Convención Contra la Desaparición Forzada en 2008, el CED ha realizado dos informes y una visita en sitio, además de emitir cientos de medidas cautelares y acciones urgentes sobre el país. Tan solo en 2024, me explicó el experto José Antonio Guevara, de las mil 830 acciones urgentes emitidas en el mundo, 681 eran sobre México; es decir, un tercio del total mundial. El CED conoce bien la crisis por desaparición que existe en México y por eso van a examinar si es necesario que la discusión se lleve a la Asamblea General de la ONU. El Estado mexicano ha demostrado incapacidad para contener esta crisis. Por el bien del país, Sheinbaum debería aceptar la participación de la ONU.rubenmartinmartin@gmail.com
