SEA; un año y los que vienen

Con el Gobierno (algunos de ellos), sin el Gobierno (porque el principal promotor ha sido la sociedad civil) y a pesar del Gobierno (porque hay quienes desde el Gobierno se han dedicado literalmente a sabotear), el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en Jalisco camina. A un año de haber entrado en vigor su triunfo más importante es seguir vivo y creciendo. Parece una tontería, una obviedad, pero no lo es.

Fue fundamental para que existiera el sistema el que los partidos, por voluntad propia u orillados por las circunstancias, apoyaran su creación. Había sin duda entre los actores políticos quienes creían en él e hicieron lo que tenían que hacer para que naciera y naciera bien. Pero también quienes, desde el Gobierno del Estado, algunos de los expertos en hacer que las cosas no sucedan, se han dedicado todo el año a poner trabas, esconder presupuesto e incumplir compromisos con la vana esperanza de que el sistema no funcione. Pero ante lo obtuso de algunas autoridades, la sociedad civil ha sacado la casta una y otra vez para que el SEA exista.

Si el primer año fue complejo, los retos del segundo no son menores. Construir la institucionalidad es un trabajo que luce poco, pero es lo que a mediano plazo le dará sentido y eficiencia al sistema

Pocas cosas les da tanto miedo a los políticos como perder el control. Acostumbrados a leer el poder como una cuestión de posiciones y favores recíprocos, la política de cuotas y cuates, a la clase política no le gustó la designación del Comité de Participación Social. Lo despreciaron por falta de peso político (que en español puro significa que no era gente de ellos) y de poca capacidad de interlocución (que en lenguaje político significa que no eran parte de su mesa de cortesanos). Pero el peso político del Comité de Participación Social (CPS) no estuvo en el respaldo de los poderosos sino de la sociedad civil. Dos veces el CPS les enmendó la plana a los poderes y se logró tener excelentes nombramientos en la Auditoría Superior y en la Fiscalía Anticorrupción. No fue el caso de los magistrados de la sala Superior del Tribunal Administrativo donde, con independencia de los nombres, su designación fue con la más burda lógica de cuotas.

Si el primer año fue complejo, los retos del segundo no son menores. Construir la institucionalidad es un trabajo que luce poco, parece burocrático, pero es lo que a mediano plazo le dará sentido y eficiencia al sistema. Sin duda es importantísimo que los encargados de los poderes políticos asuman una postura a favor de la honestidad, pero no es la voluntad de los líderes y su buen comportamiento lo que acabará con la corrupción, sino un esquema de rendición de cuentas y un sistema social de vigilancia.

Frente al discurso político imperante de “la honestidad soy yo”, hoy más que nunca tenemos que arropar, desde la sociedad civil, al sistema anticorrupción. 

(diego.petersen@informador.com.mx)