A casi 11 años de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco levantara una bandera roja sobre las inacciones del Estado en el río Santiago, la situación no solo no ha mejorado, ha empeorado. La recomendación sirvió en el mejor de los casos para llamar la atención y, al final de cuentas, para que el gobierno de Enrique Alfaro lo tomara como su primer compromiso ya no de campaña, sino de gobierno sabiendo que todo lo que haga en estos seis años será costoso y complejo y que difícilmente se verán los resultados en los próximos cinco años.Sanar al río requiere algo más que voluntad y palabras. De poco sirve el compromiso del gobernador si eso no se traduce en acciones concretas, pero igual de poco sirve que el secretario federal de Medio Ambiente, Víctor Toledo, grite a los cuatro vientos que el río Santiago es un apocalipsis medioambiental si detrás de ello no hay políticas públicas y recursos para el saneamiento. Resulta igualmente absurdo que la Profepa levante la voz si no tiene capacidad para hacer cumplir la ley ambiental, para vigilar y sancionar a las empresas instaladas en la cuenca. Las acciones emprendidas por el gobierno del Estado, como decretar un veto para la instalación de nuevas empresas y la cancelación de una planta termoeléctrica en la zona, son fundamentales para frenar el deterioro, pero están lejos todavía de ser el golpe de timón necesario para comenzar la recuperación que será lenta y paulatina, pero si hacemos las cosas bien, sostenible y posible.Lo primero que hay que hacer, por doloroso y hediondo que sea, es bajar las cartas, abrir la información y que el juego sea abierto. Hay que obligar a la Conagua, a la CEA y a los ayuntamientos a abrir la información. Dar a conocer todos los datos disponibles sobre calidad del agua, materiales vertidos, estudios biológicos y de salud, va a dejar en evidencia la negligencia de las autoridades y probablemente algunas conductas empresariales que rayen en lo criminal, pero sobre todo evitará que los nuevos gobiernos se hagan patos frente al problema como lo hicieron los gobiernos anteriores. Los contaminantes no salen de la nada ni son desastres naturales. Atrás de cada elemento contaminante hay un actor específico y un delito concreto cometido por una empresa, un ayuntamiento o una granja porcícola. Podemos tomar la decisión de no perseguir delitos pasados, de hacer una especie de amnistía ambiental si eso es lo que conviene para seguir adelante, será una decisión política, pero antes tenemos que exigir el derecho a saber. (diego.petersen@informador.com.mx)
