Hay momentos en que la historia humana, por decirlo así, rima. Esto acaba de suceder con la aprobación en el Senado de la República de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), que fue avalada en lo general y en lo particular. A nivel mediático a esta se le conoce como Ley Antilavado. ¿Con que rimó? Con un doble anuncio por parte de altas autoridades estadounidenses.La primera fueron las declaraciones por parte de la Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, durante una comparecencia frente al Congreso, en el sentido de que el Gobierno de Trump considera a México como parte de una lista de enemigos de Estados Unidos, junto con Irán, Rusia y China. La razón que esgrimió fue que México estaba “matando” a jóvenes y niños de ese país “mediante la sobredosis de nuestros hijos con drogas”. Se refería claramente al comercio de fentanilo de México hacia su vecino del Norte.La segunda, quizás más grave, fue que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró a tres instituciones financieras en México como “fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero”. Esto se afianzó con el anuncio del Secretario de Estado, Marco Rubio, de que se revocarían visas de personas relacionadas con esas instituciones. Es decir, simultáneamente que el Senado aprueba una Ley Antilavado, el Gobierno estadounidense acusa a dos bancos y una Casa de Bolsa de incurrir en el delito que la susodicha Ley busca prevenir. Hay que tomar en cuenta en el análisis el hecho de que esta Ley es producto de la presión del Gobierno estadounidense al mexicano para que este hiciera algo en esta materia contra el crimen organizado asociado al narcotráfico.Ahora bien, más allá de si la Ley Antilavado pueda realmente contribuir a identificar y, en su caso, castigar, a quienes “laven” dinero de procedencia ilícita, lo que también hay que tomar en cuenta es cómo se imbrica esta Ley con otras que el régimen busca aprobar, de manera sospechosamente acelerada, en el presente periodo ordinario de sesiones.Por lo pronto existe preocupación de que, por ejemplo, se militarice la lucha contra el lavado de dinero. La pregunta obligada aquí es si las fuerzas armadas, por medio de la Guardia Nacional, tienen la capacidad de realizar esta labor con la eficiencia requerida. No parece ser el caso. Otra crítica que se ha hecho es sobre si, en la búsqueda de delincuentes que se dedican al lavado de dinero, en realidad no se realice una persecución contra los verdaderos culpables, sino que se utilice el poder del Estado para perseguir ciudadanos críticos del Gobierno que sean inocentes. Esto constituiría una acción tiránica. Por ahora lo esencial es lograr que se implementen medidas inteligentes para que la lucha contra el crimen organizado sea exitosa, al tiempo que se salvaguardan los derechos de los ciudadanos a la crítica y la libre expresión de las ideas. Es este equilibrio el que hay que conseguir. Desafortunadamente no parece que el conjunto de Leyes que está aprobando el régimen contribuyan a lograrlo.gdehoyoswalther@gmail.com
