El 18 de septiembre del año pasado, luego de un enfrentamiento a balazos, los elementos de la Guardia Nacional dieron con el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán. Quedaban 12 días para el fin del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y ya estaba desatada la guerra entre “mayitos” y “chapitos” en Sinaloa. En Jalisco estaba en marcha la campaña de propaganda por el cierre de la administración del entonces gobernador Enrique Alfaro, quien se iba en dos meses y medio.Ni al gobierno federal ni al gobierno estatal, por lo visto, les interesó cerrar con un escándalo de tal magnitud.Por eso cuidaron que el caso pasara con el mayor bajo perfil posible, pese a la detención de diez hombres, que tenían en esa finca aislada de la comunidad de La Estanzuela a dos hombres privados de su libertad y a un tercero que había muerto por las torturas recibidas.El caso estaba ya, como pasa con más del 90 por ciento de los hechos delictivos en Jalisco, guardado en los archivos de la Fiscalía estatal en un virtual carpetazo.Tuvo que ser desempolvado y sacado del cajón del olvido y de la impunidad en marzo de este año, a los cinco meses del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, y cuando apenas corría el mes tres del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, cuando el tema del eje delincuencial -desapariciones, fosas clandestinas, reclutamiento criminal forzado- se instaló de forma obligada en las prioridades de sus agendas por la turbulencia informativa mundial que provocó el hallazgo de casi dos mil prendas y pertenencias personales, e indicios de inhumaciones ilegales, que hicieron ahí las y los integrantes del colectivo de madres y padres buscadores Guerreros Unidos de Jalisco.El predio que muy a cuentagotas se había dicho en septiembre que se podía tratar de un campo de adiestramiento para sicarios pasó intempestivamente a denunciarse como un campo de exterminio. “El Auschwitz mexicano” lo llegaron a titular en algunas crónicas periodísticas.A un año del descubrimiento del Rancho Izaguirre, y a seis meses del punto de inflexión que significó la irrupción del colectivo de buscadoras de sus seres queridos desaparecidos, ciertamente hay detenciones importantes, pero el caso está lejos de estar esclarecido.La presión de los hallazgos provocó que por primera vez las autoridades judiciales estatales visibilizaran el juicio de los diez detenidos, a quienes dieron una condena récord de cárcel; se detuvo a policías cómplices de Tala; a José Gregorio Lastra, “El Lastra”, operador del Cártel Nueva Generación y presunto reclutador del Rancho Izaguirre; y al alcalde emecista de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, por su complicidad en la operación de esa finca y del muy cercano Rancho de la Vega, donde también se cometían ilícitos.Falta, sin embargo, deslindar responsabilidades de las y los funcionarios de la Fiscalía estatal de la pasada administración de Alfaro por las irregularidades enlistadas en marzo pasado por el propio Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, así como la comparecencia del actual gabinete de seguridad del gobierno de Lemus ante el Congreso del Estado, respecto a lo que ellos encontraron del caso antes de que lo atrajera la FGR, que también se ha desentendido de dar seguimiento al Rancho Teuchitlán y al Rancho de la Vega, que siempre estuvo en sus manos.jbarrera4r@gmail.com
