Ya lo hemos dicho en otras ocasiones: el Gobierno no puede evitar que alguien saque una pistola y dispare contra otra persona, aunque quisiera no podría hacerlo, no puede capturar la voluntad de nadie. Lo que sí puede y debe hacer el Estado es asegurar que quien lo haga pague unas consecuencias mayores conforme a la ley. Pero ¿qué pasa cuando el Estado, desde la Policía municipal hasta el juez resultan, por corrupción o ineptitud, incapaces de asegurar el castigo? La respuesta es obvia. Matar se vuelve muy barato. Y barato no es eufemismo, hoy en día se paga menos a un delincuente por un asesinato de un candidato que por el robo de un auto de lujo.Un extraordinario reportaje de Animal Político hace una radiografía de esta impunidad. Solo cinco de cada 100 asesinatos terminan en condena. Estamos hablando del peor de los delitos que es quitar la vida a otro, pero 95 de cada 100 no tienen costo social alguno.La cadena de impunidad comienza con el policía municipal o preventivo que es normalmente quien tiene el primer contacto con el homicidio. Su incapacidad manifiesta para resguardar la escena del crimen (el promedio de sueldo de los policías municipales en el país es de dos mil quinientos pesos) se convierte en el primer eslabón de la impunidad. La principal herramienta de investigación sigue siendo la tortura. No es que no existan métodos científicos, sino que la mayoría de los policías de investigación no están capacitados y siguen siendo los mismos torturadores de antaño. La tortura, lejos de ayudar a resolver los asuntos, se convierte en el principal aliado de los delincuentes en el raro caso de que lleguen ante un juez. Los médicos forenses, que deberían de aportar pruebas concluyentes no se dan abasto, lo cuerpos se acumulan en las morgues y las autopsias no aportan elementos.Lo más grave, dice el reportaje, es que el gasto en seguridad aumenta, pero se va a funcionarios y equipos que nadie usa ni sabe usar, y los policías de campo terminan siendo utilizados como choferes de los funcionarios medios que hoy abundan, gracias a que hay mucho presupuesto, en las procuradurías.Jalisco está en la parte baja de la tabla, junto con Querétaro, Hidalgo, Tabasco, Ciudad de México y Yucatán. Nuestra efectividad es de 11 condenas por cada 100 homicidios; Yucatán resuelve 43, muy cerca del promedio asiático que es de 48 y lejísimos del europeo que es de 81.La impunidad no se resuelve con dinero: tenemos un Estado obeso y débil que gasta mucho pero no tiene fuerza. La culpa de la impunidad no es del nuevo sistema de justicia penal, es la incapacidad institucional.(diego.petersen@informador.com.mx)
