La Ley de Seguridad Interior ha desatado un debate profundo y serio en la comentocracia y entre las asociaciones de la sociedad civil del país. En virtud de que en la Cámara de Diputados no hubo madurez para la discusión, las columnas de opinión y las redes sociales son el espacio en que se está “discutiendo” la importancia, el alcance y los errores de la ley que se aprobó. El objetivo fundamental de la ley es indiscutible: dotar a las Fuerzas Armadas de un marco legal que les permita actuar en situaciones de emergencia en tareas de seguridad pública. ¿Pero y qué con el fortalecimiento de las policías y la responsabilidad de los Estados de hacerse cargo? Sobre todo cuando justamente con la ley, en principio, no se buscaba “normalizar la excepción”.Como muchos especialistas han apuntado, no se trata de un asunto que se resuelva con un marco jurídico para las Fuerzas Armadas. Además de este problema está el de la seguridad pública y justicia. Mientras los legisladores no aprecien la gravedad de esto y quieran hacer una reforma que contemple el conjunto no vamos avanzar y nos vamos, como dice Pedro Salazar, a meter más al túnel del que queremos salir. Se ha señalado por Naciones Unidas, la CNDH, especialistas y las más relevantes OSCs que la ley es vaga e imprecisa. Tiene artículos preocupantes que deben ser revisados y requieren de una redacción muy diferente. En el texto de la iniciativa de los Diputados, pareciera que la ley busca militarizar al país para favorecer la imposición e intromisión castrense en nuestra vida cotidiana. Los propios militares han dicho que no es esto lo que están buscando, ni merecen ese juicio; pero esa caracterización es producto de las deficiencias en la ley en los términos en los que se aprobó. El Senado tiene la enorme responsabilidad de generar un espacio serio de revisión y trabajo para corregir las deficiencias. Hacer esta tarea de la mano de la CNDH sería de una enorme sensatez y madurez. Nuestras Fuerzas Armadas requieren de un marco jurídico, sin duda, pero no a costa de su desprestigio y de errores graves que amenacen los derechos humanos y la integridad de las personas.
