Como resultado preliminar de la jornada electoral del pasado primero de julio, se dio un nuevo paso decidido hacia la consolidación de la democracia en este país. Así, se arribó a una nueva transición en el orden federal que tiene un reflejo claro en las entidades federativas en las que también se celebraron elecciones locales, resultando ganador por amplia mayoría el proyecto postulado por Morena.En razón del importante y extraordinario peso específico que recaerá en el nuevo jefe del Ejecutivo, al lograr el proyecto que encabeza igualmente cómodas mayorías en cada una de las cámaras del Congreso de la Unión y en buena parte de los Congresos locales, se está en el momento idóneo para que con la voluntad política indispensable se capitalice esta inercia y se dé otro paso contundente hacia el afianzamiento de nuestra democracia, fortaleciendo la figura de los Organismos Constitucionales Autónomos (OCAs). Es de destacar que el robustecimiento de organismos técnicos guiados exclusivamente por criterios de este tipo coadyuva a lograr una buena administración y brinda un sólido sustento al sistema de pesos y contrapesos al que históricamente se ha aspirado y del que tanto se precisa.Al Presidente López Obrador corresponderá cumplir con la histórica responsabilidad de sentar las bases para tener una democracia de mayor calidad en todos los órdenes de Gobierno y, por lo menos en dos de ellos —Gobierno federal y de las entidades federativas—, el rol de los OCAs será fundamental en la consecución de tal objetivo. No obstante, la responsabilidad en esta consolidación es compartida, pues, a más de 20 años del surgimiento del primero de ellos, uno a uno de los OCAs se han erigido en su conjunto como un cuarto poder que debe descansar en el rigor técnico, la oportunidad y la transparencia en su actuar y, solo actuando así frente a cualquier situación, podrán aspirar a tener el papel protagónico que ameritan.Las tareas de control, evaluación y regulación realizadas por los OCAs requieren ser apoyadas e incluso ampliadas en aras de tomar decisiones acertadas en áreas estratégicas del servicio público que deben estar blindadas frente a vaivenes políticos. Hoy se cuenta con entes de este tipo, por ejemplo, en lo referente al desarrollo social con instituciones como el Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) —y subsiste como pendiente contar con un OCA para la evaluación de las políticas de salud implementadas a nivel nacional—.Respecto a las declaraciones hechas en los últimos días por parte del proyecto ganador, de presentarse efectivamente una derogación de la reforma educativa y contando con que la evaluación se seguirá realizando, hago votos porque se dé fuerza al esquema de mantener fuera del ámbito de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a la institución encargada de la evaluación de la educación y que, además, se brinde la importancia debida a la capacitación como resultado directo de lo anterior.Definitivamente, es positivo para un Estado democrático de derecho contar con entes públicos cuya base de actuación no sea resultado del consenso coyuntural entre las fuerzas políticas, sino, simplemente, que esa base se encuentre conformada por el rigor técnico, la oportunidad y la transparencia ya señalados, en el ejercicio de sus facultades constitucionalmente establecidas, mucho más en un tema tan trascendente como es la educación, un derecho humano en el cual, además, tenemos cifradas gran parte de las esperanzas de lograr el desarrollo de México y de los mexicanos.
