Los grandes y dolorosos esfuerzos que hacen las organizaciones de familiares que buscan a sus desaparecidos en Jalisco vuelven a ser obstaculizados por la negligencia y el torpe burocratismo de las autoridades estatales.Los obstáculos provienen de diversas fuentes: renuncia de la titular de la nueva fiscalía especializada en personas desaparecidas, negligencias burocráticas del gobierno, muestra de insensibilidad hacia las familias e incluso conflictos internos entre las organizaciones que buscan a sus ausentes.Sean cuales sean las razones, la renuncia de la primera titular de la fiscalía especializada en la búsqueda de desaparecidos, María Teresa Medina Villalobos, es un golpe a la exigencia y organizaciones de familiares que tenían años demandando una instancia de esta naturaleza en el sistema de procuración de justicia del estado. Teresa Medina apenas había asumido el puesto el pasado 31 de agosto. Según el comunicado oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE) ella presentó su renuncia personal “por motivos de salud”. No obstante, diversas fuentes insisten en que su salida, además de esos motivos, se vio alentada por conflictos con otros funcionarios de la dependencia o incluso el obstáculo deliberado a colaborar con esta fiscalía de autoridades de otros niveles.El descabezamiento de la fiscalía especializada es una mala noticia para las organizaciones de familiares, pues puede implicar volver a echar a andar esta maquinaría de búsqueda, sus protocolos, la organización de los recursos humanos y financieros de esta fiscalía. Lo más grave es que este descabezamiento retrase la búsqueda de los desaparecidos denunciados en Jalisco (con el pretexto en la demora de las carpetas de investigación).Otro obstáculo que ha vuelto a saltar en los esfuerzos de búsqueda de los desaparecidos es la manifestación de insensibilidad y negligencia burocrática de las autoridades estatales para comprender en su magnitud este problema. En estos días hubo dos ejemplos. Por un lado, el fiscal interino de desaparecidos, Dante Haro, vuelve a responsabilizar a las familias de que la búsqueda de sus hijos ausentes no avance debido a que no dan la información completa. A menos que tengan un motivo grave y amenazante, lo que se sabe es que los familiares son los primeros interesados en dar toda la información. Por otro lado, el secretario general de gobierno, Roberto López Lara, cuestionó a la fiscal renunciante por pretender mover el personal que tenía asignado alegando una especie de orden burocrático que debe ser respetado. Con esta mentalidad burocrática negligente la autoridad local demuestra que no entiende el tamaño del problema y que es necesario enfrentar con otra disposición el problema de los desaparecidos. Apenas el viernes, este diario presentó un reportaje dando cuenta de cómo se ha disparado la desaparición de mujeres en la zona metropolitana de Guadalajara. Hay una crisis de desaparecidos, y ni los gobiernos ni la clase política actúan en consecuencia.Otra vez, como han hecho en el pasado, las familias que organizadamente buscan a sus desaparecidos, deben exigir a la autoridad resultados en sus exigencias; a su vez, se confirma que deben seguir buscando por su cuenta, sin esperar mayor cosa del Estado que muchas veces muestra que es parte del problema y no de su solución.
