Hasta el día de hoy no se vislumbra la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envíe al Congreso una iniciativa de reformas fiscales integral que satisfaga los objetivos de recaudación y simplificación administrativa. Las últimas disposiciones fiscales electrónicas han complicado enormemente el trabajo administrativo de las empresas. La cómoda práctica de emitir continuas resoluciones que aclaran o complementan las existentes, mediante la adición, supresión o modificación a las Reglas de Carácter General, resultan más dinámicas y útiles para fines de control y recaudación.Que se meta en enredos y complicaciones el contribuyente es un objetivo que no tiene contemplado corregir el SAT; además, le tiene sin cuidado el uso de las leyes tributarias para fomentar la economía y el empleo. Muchos problemas pueden resolverse con base en estímulos fiscales, como en la frontera para levantar un muro de empresas maquiladoras que haga innecesaria la emigración. Ahora, con la intención de reducir el gasto corriente se elimina la posibilidad de reducir las tasa de Impuesto sobre la Renta para equipararla con las reducciones fiscales que hizo Trump en los Estados Unidos y mucho menos ampliar los márgenes de deducibilidad de gastos y prestaciones laborales.El secretario de Hacienda José Antonio González Anaya, precisa que el marco tributario debe mantenerse como está porque funciona bien, que ha dado certeza, que en estos tiempos de incertidumbre es fundamental para mantener la estabilidad económica y financiera. Ante este panorama sólo nos queda la esperanza de ver cumplidas las promesas de un Gobierno austero, un Gobierno que combata la corrupción y que de paso corrija los errores y burlas a la sociedad con fallos judiciales de última hora como el que se emitió para liberar a la maestra Elba Esther Gordillo, desestimando los cargos por lavado de dinero y defraudación fiscal. Lo absurdo de considerar que los alrededor de dos mil millones de pesos que recibió en los años del 2008 al 2013 son de procedencia lícita porque se los obsequió el sindicato, que provienen de las cuotas descontadas al magisterio y aportaciones del Gobierno federal. Esto es dinero de nuestros impuestos y con relación al fraude fiscal, la discrepancia fiscal es un delito penal. El hecho de gastar más dinero que el declarado como ingresos, se castiga penalmente.Por otra parte, de ese dinero sólo está exenta una mínima parte. Los donativos están gravados cuando no provienen de familiares en línea recta y sólo están exentos tres salarios mínimos elevados al año, de tal manera que hay una evasión fiscal de mil 999 millones con 700 mil pesos aproximadamente, que a la tasa de 32% son 934 millones 904 mil pesos de evasión fiscal que con actualización, recargos y multas, puede elevar la responsabilidad fiscal al doble o más, pero el magistrado que la dejó en libertad, sólo tomó en cuenta el delito de lavado de dinero que no había tal porque no era de procedencia ilícita.Esta es una burla más de este Gobierno que termina, que ha sido el más corrupto de la historia de nuestro atribulado país. Termino con una sentencia del filósofo de Güemes. “Si crees que las cosas ya no pueden ser peores, te equivocas”.
