En el caso María Amparo Casar ni López Obrador combate a la corrupción, como él presume, ni estamos ante un mortal ataque dictatorial contra los derechos democráticos, como juran sus detractores. Antes habría que delimitar el ring y los protagonistas de esta pelea. En la mañanera, Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, acusó a la académica y ex funcionaria María Amparo Casar de obtener ilegalmente hace 20 años una pensión por viudez tras la muerte de su marido Carlos Fernando Márquez. Romero Oropeza aseguró que el esposo de Casar se habría suicidado al lanzarse del piso 12 de un edificio de Pemex, lo que la privaba del derecho a una pensión. Sin embargo, con la complicidad de las autoridades de la paraestatal, lo hicieron pasar por un accidente de trabajo. Esto le permitió a la académica cobrar un seguro de vida por 17 MDP más otros 31 MDP por pensión a razón de 125 mil pesos mensuales, suspendidos desde febrero de este año que se abrió la investigación del caso. El director de Pemex sugirió que la celeridad favorable del asunto obedeció a que en ese momento Casar era Coordinadora de Asesores de Santiago Creel, secretario de Gobernación de Vicente Fox. Significa que su influencia rozaba las más altas esferas del poder político panista. Críticos del régimen, columnistas, periodistas y opinadores nacionales denunciaron un embate autocrático de AMLO. La aludida acusó una campaña desde el poder contra ella, pues su marido murió en un accidente: “Hasta donde yo sé, porque no he sido informada de otra cosa”. Casar también preside Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, un organismo crítico de AMLO impulsado por Claudio X. González, némesis del obradorismo. El Presidente acusa al empresario de financiar la guerra sucia en su contra como la campaña #NarcoPresidente y publicaciones en diarios norteamericanos. Esta batalla se da en un contexto electoral. No perdamos de vista que Casar representa, sí a una voz crítica, pero también a una casta privilegiada con recursos económicos, influencia mediática e intereses políticos ligados al panismo ilustrado de sexenios anteriores. La violación de datos personales, al publicar cientos de documentos sin testar sobre el caso Casar, es inexcusable. Pero nuestra ley sanciona el acto sólo con una multa. La pena se castiga con cárcel a menos que exista lucro. Esa es su dimensión legal. Pemex tiene alrededor de 141 mil pensionados. El monto anual promedio por pensionado es de 21 mil 635 pesos. Significa que Casar cobraba casi seis veces más -125 mil pesos al mes- que un pensionado promedio. Casar defiende -está en todo su derecho- el interés de una élite que se envuelve en la bandera de la lucha por salvar la democracia, pero su privilegio de clase e ideología está alejada del mexicano promedio (igual que su pensión). A estas alturas sería ingenuo ignorar, tras más de mil mañaneras, que AMLO usa ese espacio para disputar el relato mediático en su contra. Tan ingenuo como negar la existencia de actores ideológicos y políticos con influencia mediática e intereses personales. Poder mediático es igual a poder político. AMLO lo entendió perfectamente. Bailamos al ritmo de su agenda y sus disputas personales. Fuera de esa burbuja quiero creer que hay millones de mexicanos cansados de tomar bando entre la simulación y el victimismo heroico por la democracia. jonathan.lomeli@informador.com.mx
