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Los terremotos y la desconfianza general

Los terremotos de este mes, además del miedo y la estela de muertes, están dejando una serie de lecciones inolvidables para los mexicanos. Trátese del ocurrido el 7 de septiembre, o el del día 19 —esa fecha maldita será imborrable durante décadas por el poder de su coincidencia— o las réplicas, pero nos están donando la oportunidad del cambio. Y es que todas las autoridades, todas, quedaron empequeñecidas. Es la señal más clara de la inoperancia del sistema.

Analicemos: junto a la voluntad multitudinaria de ayudar, queda exhibida la ausencia de liderazgo o bien, el ejercicio insuficiente de la estructura pública para organizar la generosidad desbordante de los mexicanos, sobre todo los jóvenes.

Es que los sismos ocurren en un paréntesis de desconfianza abrumadora. Las instituciones a las que nos acostumbramos durante las últimas décadas del siglo pasado están más necesitadas de una revisión que los edificios sacudidos por los temblores; y cosa peor: es más sencillo demoler y levantar de nuevo una estructura de vigas y concreto que una armazón social en la que pocos creen.

Sólo hay que revisar el comportamiento totalmente errático del gobierno de Graco Ramírez en Morelos. Sin duda es el Estado con más afectaciones por el sismo del 19 de septiembre, porque aunque hay menos fallecidos y daños que en la Ciudad de México, en proporción la Entidad quedó arrasada; el municipio de Jojutla está literalmente derruido y las denuncias por la falta de apoyo no disminuyen a una semana de ocurrida la desgracia.

¿Qué decide la administración de Graco Ramírez? Detener los convoyes de ayuda; utilizar las patrullas de policía para literalmente atrapar los vehículos con donativos. Inexplicablemente, el gobierno estatal decidió que todos los víveres, medicamentos y donativos llegados de cualquier punto del país tenían que ser embodegados por el DIF y redistribuidos por el sistema de asistencia que dirige la esposa del mandatario, Elena Cepeda.

Las denuncias públicas desbordan las redes sociales y los chats. La gente en Morelos lanza acusaciones y a la fuerza entra a varias bodegas donde se están almacenando las ayudas para literalmente saquearlas. Graco y su esposa denuncian una “campaña de desinformación” y son incapaces, igual que muchas otras autoridades en Puebla, Chiapas o Guerrero, de entender que la gente decide organizarse de otro modo. Que no quieren atender las disposiciones de instituciones que no respetan y en las que no confían.

El gobierno de Graco Ramírez enfrentará investigaciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) porque hay denuncias sustentadas de que están secuestrando los donativos para autopromoverse; y además de miles de firmas que exigen un juicio político en su contra, el mandatario está enfrentado por estos comportamientos con la Iglesia Católica y las autoridades universitarias.

Este gobernador es seguramente un caso extremo de error político en el tratamiento y administración del apoyo a la tragedia, pero el Estado de Morelos refleja claramente la desvinculación general entre autoridades y población, la desconfianza y la debilidad de las instituciones ante una urgencia que debiera ser la ocasión ideal para una reconciliación social.

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