Confieso que pocas veces reparo con sorpresa en los comunicados de la Fiscalía del Estado. Este oficio te inmuniza ante el horror. De otra manera sería imposible continuar. Sin embargo, en esta ocasión leí dos veces las primeras líneas. Capturan a cinco policías de San Marcos por homicidio calificado, tentativa de feminicidio, violación y desaparición forzada. Repasé los escuetos párrafos, apenas goteos informativos, con algún detalle adicional. El argot jurídico-burocrático los hace casi ilegibles. Traduzco. El pasado 3 de abril, los policías José Enrique, Francisco, Jovanny Missael, José Luis y Fabiola detuvieron a una pareja y la llevaron a los separos. Luego trasladaron ilegalmente a las víctimas hasta una finca. Allí los cuatro uniformados violaron a la mujer y siguieron golpeando al varón. Después abandonaron a sus víctimas a pie de carretera. El hombre murió en el hospital y ella quedó gravemente herida. Me pregunté muchas cosas. Pero entre ellas, la más básica: ¿dónde diablos está San Marcos? Mi supina ignorancia geográfica del Estado obedece, en este caso, al tapatiocentrismo de creer que sólo el Área Metropolitana de Guadalajara es Jalisco. Busqué información en línea y al párroco local. San Marcos está a poco menos de dos horas de Guadalajara. Pertenece a la Región Valles. Colinda con Ameca y Etzatlán. Tiene apenas tres mil 791 habitantes, según el Inegi. Su población es la misma de hace 10 años; eso se explica por su alta migración y su dependencia de las remesas. Su presupuesto anual es de 38 MDP (eso costó el Centro de Justicia para la Mujer en Tlajomulco) y su alcaldesa con licencia, la emecista Patricia Reyes, ha cobrado 40 mil pesos al mes y busca la reelección. El padre Carlos no estaba. Pero su asistente me dijo que todo el pueblo sabía de los policías por las redes. Le pregunté si había algún periódico o portal de noticias del pueblo. Ninguno (nota mental para otra columna: la importancia de contar con medios regionales). Llamé a algunos restaurantes y tiendas de abarrotes. Me confirmaron que el jueves 4 de abril la Fiscalía estatal realizó un megaoperativo. Cercaron el primer cuadro del pueblo, cerraron la presidencia municipal y estuvieron revisando a los policías. Ese día el Gobierno municipal publicó un mensaje en sus redes para calmar a los habitantes. Allí informó que realizaban una “investigación policial”. Concluían con esta frase: “Solicitamos que eviten caer en pánico y abstenerse de difundir información no verídica”. El municipio también hizo un deslinde tipo acertijo: “Es importante aclarar que desmentimos cualquier rumor o especulación acerca de hechos ajenos a la mera investigación”. Pero ni explican qué hechos ni qué especulación ni a qué investigación se refieren. Esta es una de esas historias que me gustaría investigar con más profundidad. ¿Quiénes eran las víctimas? ¿Qué tipo de descomposición institucional lleva a cinco policías a actuar de esa forma? ¿Qué certezas tenían y qué respaldo? ¿Ese comportamiento criminal ocurrió más veces? Pienso en los riesgos de indagar más. En el miedo que deben sentir los pobladores. En lo pequeñito que es San Marcos. En la muchacha del restaurante que no me quiso dar más detalles y me colgó, no sé si asustada o incrédula. Muchos lo están pensando. Seguro que sí: ocurrió en San Marcos, un pueblo pequeño, pobre y alejado de la Región Valles. Pero me acuerdo de un caso reciente. Hace un mes la Fiscalía estatal arrestó a cuatro policías por la desaparición forzada del conductor de una camioneta que detuvieron para una inspección. Se lo llevaron y dejaron a su hijo de 10 años. Hasta la fecha la dependencia no ha informado si localizaron a la víctima. Los cuatro agentes están presos. Eran de Tlajomulco. jonathan.lomeli@informador.com.mx
