Abro sesión de pleno. En el Congreso de Jalisco presentaron una iniciativa para aumentar las penas por maltrato animal y robo de mascotas. En el primer caso, la pena máxima subirá de tres a ocho años. En el segundo caso, se tipifica el robo de michis o lomitos y se castiga con hasta cinco años de prisión. ¿Qué desalmado estaría en contra de proteger a nuestras mascotas? Un amigo bromeaba al contar que su relación más estable la había tenido con una tortuga. Conozco varios y varias que su equilibrio diario depende de una relación perruna o gatuna. Por ejemplo, la indiferencia ceñuda de Segismundo, mi gato, me resulta vital siempre que escribo esta columna. Sin embargo, las diputadas naranjas Alejandra Giadans y Fabiola Cuán, autoras de la iniciativa, cometen uno de los siete pecados capitales del legislador: “Populismo penal”. Esta declaración de Cuán, al presentar la reforma al Código Penal, lo resume todo: “Creemos que incrementar las penas puede inhibir estas conductas delictivas y estos actos de crueldad”. De ninguna manera. Hay pruebas fácticas irrefutables: elevar las penas por homicidio, feminicidio y asesinato de policías no ha reducido esos delitos. Hay estudios, ensayos, papers, artículos académicos y periodísticos que lo demuestran. Lo saben los penalistas. Lo saben los activistas y los académicos. Lo saben incluso periodistas. Pero no lo saben nuestros diputados. O no quieren saberlo. Las diputadas expusieron datos “contundentes” para justificar su iniciativa. Las penas son proporcionales y racionales. En otros estados como Querétaro el castigo alcanza los 18 años de cárcel. El 73% de los mexicanos cohabita con una mascota. Las denuncias en redes sociales por maltrato animal y robo de mascotas aumentaron. Las diputadas también se rodearon de asociaciones de veterinarios, funcionarios municipales, activistas y animalistas, pero en la rueda de prensa faltó un dato y una dependencia clave.¿Cuál es el índice de eficiencia de la Unidad Especializada de Protección Animal creada en 2014 adscrita a la Fiscalía? ¿Saben las diputadas que cuenta con un solo agente del Ministerio Público? ¿Están enteradas de que en Ciencias Forenses hay un solo perito especializado en maltrato animal? ¿Con qué herramientas aplicarán la ley cuando no hay capacidad institucional? En noviembre pasado, un funcionario de Educación Jalisco fue videograbado en Tesistán, Zapopan, mientras azotaba a un perro contra una barda hasta matarlo. “En el caso de Tesistán ni siquiera fue vinculado a proceso este sujeto”, declaró la legisladora Cuán. Entonces, ¿por qué ignoran que el problema se resuelve con aumentar la capacidad institucional y no con más años de cárcel? Finalmente dicen las diputadas que el maltrato animal es “antesala de la violencia social”; por eso hay que prevenir y castigar. Coincido, pero aquí el orden de los factores sí altera el producto porque antes habría que castigar la violencia social. Antes hay también otras reformas urgentes: desaparecidos, donación de órganos, violencia vicaria y de género, asistencia social ante el grave problema de indigencia en la ciudad… Empezamos al revés porque la visión punitiva del Derecho vende más, da para una buena foto en un tema sensible para los ciudadanos y, lo mejor, se puede presumir en TikTok. Se cierra sesión de pleno.jonathan.lomelí@informador.com.mx
