La seguridad interna es el mayor desafío para las instituciones públicas en México. Las organizaciones criminales significan por sí mismo un riesgo para el estado de derecho y su acción está afectando el funcionamiento institucional de tal forma que resulta indispensable tomar medidas efectivas para combatirlas.En ese sentido, las policías municipales y estatales son insuficientes en dimensión, alcance, profundidad, profesionalismo y capacidad de fuego. Más aun cuando muchas de ellas han sido infiltradas por los grupos criminales.La actuación del Gobierno de la República con la Policía federal ha sido insuficiente y la presencia de las fuerzas armadas a lo largo de los años se ha convertido en la única solución para combatir a grupos que cada vez son más peligrosos y han desquiciado la seguridad en muchas regiones del país. La aprobación de un marco jurídico que regule su actuación es una medida correcta por sí misma.Es mejor contar con régimen legal que carece de él; sin embrago, la discusión respecto a la temporalidad de la medida ha dado lugar a un intenso debate, que según parece será dirimido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin duda es necesario que la ley establezca plazos y límites a esa temporalidad, que de hecho los tiene, aunque de forma general.Desafortunadamente el tema se ha vuelto materia de discusión política, y esperemos que al final de cuentas la solución aporte elementos para fortalecer su aplicación adecuada conforme a la Constitución. En ese sentido es importante recordar que mucha le capacidad técnica de combate al crimen hoy día depende de la tecnología aplicada, tanto los mecanismos utilizados para los trabajos de inteligencia y de control son adquiridos mediante acuerdos regulados internacionalmente que requieren de un marco jurídico preciso para su uso.Actualmente muchos de estos instrumentos no pueden ser utilizados por las fuerzas armadas para las tareas policiales porque se carece del marco jurídico suficiente, y podrían existir limitaciones en las condiciones en las que se provee por parte de empresas y gobiernos de estas herramientas.En este sentido la ley aprobada puede significar un instrumento de gran importancia para fortalecer las tareas de seguridad interna que de hecho las fuerzas armadas desarrollan todos los días. Este es un factor poco señalado que debe ser considerado entre las razones por las que resulta necesaria una Ley de Seguridad Interior que regule la actuación militar.El riesgo de los abusos que pueden cometer los órganos militares es mayor si se carece de un marco que limite su actuación, respecto a una actuación que no está prevista en la ley.Ahora la Corte podrá establecer, si el alcance de las limitaciones establecidas, o la forma como el Presidente puede decidir la actuación militar es constitucionalmente adecuada, o deben establecerse más precisiones, pero al fin de cuentas es claro que la es, por sí mima, un instrumento necesario dadas las condiciones actuales de la seguridad interna de México.
