La reunión de alto nivel que tuvieron ayer funcionarios del Gabinete de Seguridad del Gobierno estadounidense con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y con sus homólogos mexicanos para hablar del combate a los grupos del crimen organizado y del drama migratorio coincidió con las tronantes declaraciones de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, al acusar a los muy sonados cantantes Peso Pluma y Fuerza Regida de cantar sólo para el cártel de Sinaloa, y a ello atribuir las amenazas que han recibido del cártel Nueva Generación por las que han tenido que suspender algunos de sus conciertos en esa ciudad fronteriza y otros sitios del país.La presidenta municipal, que tuvo que mudarse a vivir a un cuartel militar también por las amenazas recibidas por el narco, fue más allá y en una conferencia de prensa pidió investigar no sólo a esos cantantes del género conocido como corridos tumbados, en los que ciertamente aparecen letras que hacen apología y se enaltece a los capos, sino también a sus promotores, por su posible vinculación con el lavado de dinero de esta muy importante organización criminal, contra la que EU exige mayor persecución de las autoridades mexicanas.El asunto de la primera edil podría parecer menor, pero no lo es y podría repercutir e incluso convertirse en un elemento más de presión del Gobierno estadounidense al Gobierno de la 4T por la presencia y control creciente del narco en territorio mexicano y el incremento en el envío de droga, en especial el fentanilo, a los Estados Unidos.Porque basta recordar que a principios de mayo pasado, como aquí anoté, el Gobierno estadounidense dio a conocer que el cantante del género regional mexicano, Gerardo Ortiz, será llamado como testigo dentro del juicio contra Ángel del Villar, director general de la disquera DEL Records, que desde el 2018 fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por el delito de lavado de dinero ligado al cártel Nueva Generación (CNG). Ortiz es ampliamente conocido en Guadalajara, ya que en julio de 2016 el entonces fiscal Eduardo Almaguer le suspendió conciertos, lo declaró persona “non grata” para Jalisco y lo encarceló por el delito de apología del delito, por haber hecho un video musical con feminicidio incluido en una finca donde en 2014 se habían decomisado armas y detenido a 14 personas relacionadas también con la delincuencia organizada.Contrario a lo que afirma la alcaldesa de Tijuana, el cantante Peso Pluma, ostenta en sus videos en las redes sociales el sello de DEL Records, cuyos dueños como señalé arriba, son vinculados al cártel Nueva Generación y no al cártel de Sinaloa, como intuye la funcionaria.Así que habrá que ver si para aclarar dudas y como parte de las pruebas de voluntad de endurecer el combate contra estos dos cárteles del crimen organizado, la delegación estadounidense pidió también a la 4T seguir la pista del lavado de dinero en la farándula como acusó la alcaldesa de Tijuana.jbarrera4r@gmail.com
