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Jueves, 15 de Noviembre 2018
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La PGR y el Estado de derecho en México

Por: Alan Bersin

La PGR y el Estado de derecho en México

La PGR y el Estado de derecho en México

No se puede culpar al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, por explorar nuevas y creativas medidas para mejorar la seguridad pública y hacer frente al crimen organizado y a la violencia. Sin embargo, su reciente propuesta de amnistía para quienes cometan delitos menores relacionados con drogas, no solamente está destinada al fracaso en el aspecto táctico, sino que también es contraria al trabajo vital que México está haciendo para desarrollar un sistema de justicia penal basado en el Estado de derecho.

Mientras las organizaciones delictivas en México sean capaces de controlar el acceso al lucrativo mercado de las drogas ilícitas en los Estados Unidos, así como el mercado interno en México, la amnistía no va a cambiar las dinámicas subyacentes que alimentan la situación de violencia generalizada que ocurre en México.

Los jugadores clave en el ámbito del crimen organizado no pueden simplemente renunciar. Cualquier intento por irse puede ser manejado de forma violenta por los grupos —es la versión plata o plomo de los criminales (“mordida” o “bala”)—. Por otra parte, qué apoyo económico y social puede reemplazar lo que las organizaciones delictivas le ofrecen a sus integrantes. Aun en el caso de que un número considerable de delincuentes reclamen la amnistía, inevitablemente las pandillas reclutarán reemplazos, ya sea voluntaria o involuntariamente.

Las insuficiencias de las reformas son obvias a la fecha. La corrupción es endémica, la violencia continúa siendo generalizada, falta un verdadero sistema de justicia civil, y las cortes siguen siendo débiles y poco confiablesEs importante notar que la inmunidad de largo alcance para los infractores violaría directamente el proyecto de México de desarrollar un sistema de justicia imparcial y efectivo. En su núcleo central, el Estado de derecho descansa en la noción de aplicación imparcial de la norma y rendición de cuentas para quienes violan la ley.

La amnistía podría crear una generación de personas que “se salieron con la suya”, además de generar una expectativa de que los futuros delincuentes podrían también recibir amnistía algún día. Asimismo, existe poca garantía de que quienes reciban esta amnistía no regresarán a la actividad criminal, ya sea en el futuro o inmediatamente. En resumen, la amnistía no solamente fracasaría como un asunto práctico en el corto plazo, sino que podría ser significativamente perjudicial para el desarrollo de México a largo plazo.

En lugar de legitimar la impunidad del proceso legal que existe hoy, AMLO debería apoyar y avanzar en el desafío histórico de reformar y fortalecer el sistema de justicia penal en México. A pesar del impresionante desarrollo económico y social que ha tenido México en los últimos 30 años y de los esfuerzos de una reforma democrática, destacados por el progreso en implementar un sistema electoral confiable y justo, el principal fracaso institucional en México se relaciona con el Estado de derecho.

Las insuficiencias de las reformas son obvias a la fecha. La corrupción es endémica, la violencia continúa siendo generalizada, falta un verdadero sistema de justicia civil, y las cortes siguen siendo débiles y poco confiables

Para revertir esta situación se requieren acciones en múltiples frentes. El primer paso clave es reformar la Procuraduría General de la República (PGR). Ninguno de los presidentes recientes que ha tenido México, ni sus partidos políticos, han confrontado las debilidades congénitas integradas en la PGR. Los esfuerzos actuales de reforma se han enfocado en el reemplazo del sistema inquisitivo al adversarial. Si bien es laudatorio en sus propios términos, este cambio en el “proceso” no hará nada por abordar los problemas de raíz en la PGR. Así como tampoco el establecer un “Fiscal General” independiente lograría mucho sin la creación de una organización, bajo tal oficial, que sea profesional, competente y honesta.

Las insuficiencias de las reformas son obvias a la fecha. La corrupción es endémica, la violencia continúa siendo generalizada, falta un verdadero sistema de justicia civil, y las cortes siguen siendo débiles y poco confiables. El único elemento de disuasión real de la justicia penal en los últimos 25 años ha sido la posibilidad de ser extraditado y enfrentar un juicio en los Estados Unidos. Sin embargo, esto ha aplicado solamente a los líderes de los cárteles, como “El Chapo” Guzmán. La gran mayoría de los infractores de la ley no tienen, y actualmente no se enfrentan, a la posibilidad real de rendir cuentas por sus crímenes.

Los efectos adversos en México son reales. Las víctimas de la violencia y el crimen no reciben justicia; además, se ha erosionado la fe y confianza públicas en la capacidad del Gobierno. Fallar en llevar a los criminales ante la justicia genera más violaciones de la ley y más violencia.

Con el tiempo, la corrupción y la ausencia de un Estado de derecho socavará el continuo crecimiento de la economía mexicana. Si México aspira a ser la cuarta o quinta economía más grande del mundo, como algunos proyectan que podría ocurrir en los próximos 30 años, las comunidades de negocio e inversión requerirán garantías de previsibilidad y recursos que sólo se encuentran en el Estado de derecho y no en un clima contaminado por la corrupción masiva y las amenazas persistentes de violencia.

Por supuesto, la transformación del sistema de justicia en México no será fácil ni rápido. La corrupción sistémica plagó a los Estados Unidos hace 100 años, y la mafia fue una fuerza poderosa en muchas de sus grandes ciudades. Construir un departamento de justicia fue un largo proyecto de décadas, a la par de agencias de aplicación de la ley y un sistema judicial que pudiera manejarlos con habilidad y disuadir a otros actores, incluidos a los políticos, de encontrar ganancias ante la ausencia de la ley.

En su campaña, AMLO se pronunció fuertemente contra la corrupción, y un elemento central de esta elección fue la creciente repulsa popular hacia la corrupción sistémica en el Estado de derecho, en una clase media cada vez más educada. No hay atajos, pero se debe empezar y AMLO fue elegido para instituirlo. Esto debería iniciar con una profunda reforma de la PGR, o el desmantelamiento de ésta y la creación de algo nuevo, a la par de nombrar a un Procurador General capaz de encabezar a un equipo de “intocables” no comprometidos y profesionales para que esto suceda. 

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