Como en otras ocasiones, en lo que va del gobierno de la autollamada cuarta transformación -la justicia sin gracia contra la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles; la inacción para corregir el “Culiacanazo” con la recaptura de Ovidio Guzmán; la laxitud extrema de la lujosa prisión domiciliaria del ex director de Pemex, Emilio Lozoya; la omisión para investigar el caso del hermano del Presidente, Pío López Obrador, y la atropellada exoneración del ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, por mencionar los más destacados- ahora la petición de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, al que acusan de lavado de dinero, vuelve a poner no sólo en entredicho la independencia y eficacia de la Fiscalía General de la República (FGR) que dirige Alejandro Gertz Manero, sino lo más grave: vuelve a despertar sospechas del uso faccioso de la FGR para debilitar y anular a adversarios políticos de la 4T.Si bien el mandatario tamaulipeco ha estado en el ojo del huracán desde el 2015, cuando un testigo protegido de la DEA lo señaló de haber recibido, en el 2004, 500 mil dólares del cártel del Golfo para sus gastos de campaña con los que llegó a la alcaldía de Reynosa, y no sería el primer gobernador de esa Entidad encarcelado por ello (están presos Tomás Yarrington, que gobernó de 1999 al 2004 y Eugenio Hernández del 2005 al 2010), el hecho de que la FGR reactive el caso con la solicitud de declaratoria de procedencia, en pleno proceso electoral, provoca muy razonables suspicacias.Más aún cuando de esa carpeta de investigación, en la que se acusaba al mandatario, a su esposa y tres hermanos de delincuencia organizada, se supo casi desde el inicio del gobierno lopezobradorista.Por eso ayer se tensó el ambiente político nacional con la acusación de Cabeza de Vaca de que la embestida en su contra tenía claros tintes electorales y que provenía de “Palacio Nacional”, y el respaldo que le dio su compañero de la alianza federalista, el gobernador Enrique Alfaro, al comentar que no se debía usar “la justicia selectiva”, y el cierre de filas de los actores de la 4T negando el uso faccioso de la FGR, empezando por su titular, por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por Santiago Nieto, de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, y por quien se encargó de difundir la solicitud de desafuero, Ignacio Mier, líder de la bancada morenista.Este episodio, pues, debe ponernos a todos en alerta. No hay mayor riesgo para la democracia que el permitir que ánimos autoritarios hagan uso faccioso y selectivo para perseguir políticamente a sus opositores. Ojalá que el gobierno de la 4T demuestre y deje claro que no está cayendo en esta tentación. Como sociedad, estamos obligados a impedir que los grupos de poder, sean del color que sean, se apropien de las instituciones que son de todos los mexicanos, principalmente las encargadas de impartir justicia.jbarrera4r@gmail.com
