Todos los datos oficiales referentes a la violencia organizada que azota a la sociedad mexicana indican que estamos en el pico más alto de la guerra. Así lo confirmaron los datos sobre más de 61 mil desaparecidos y 3,631 fosas clandestinas reportadas por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, y por la Comisión Nacional de Búsqueda. El año pasado fue el más violento de la historia reciente con 34,582 homicidios dolosos, según el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.Ahora además sabemos que esas dimensiones de la violencia organizada se alimentan de un sistema de procuración e impartición de justicia que ni procura ni imparte justicia, sino que administra impunidad y perdón para quienes cometen los peores delitos.La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República acaba de enviar al Congreso de la Unión el informe anual de actividades 2019 en el que reportan alarmantes tasas de impunidad.En total, en 2019 se registraron 8,972 averiguaciones y carpetas de investigación en las fiscalías y unidades especializadas en temas de migrantes, desaparición forzada, tortura, libertad de expresión, violencia contra las mujeres, trata y derechos humanos, según reseñó Arturo Angel en Animal Político (https://bit.ly/310KyZA).De ese total, solo 107 averiguaciones y carpetas se presentaron ante un juez, 7,342 casos siguen abiertos sin resultados, y 1,478 fueron cerrados sin proceder en contra de probables responsables. Es decir, sólo 1.19 por ciento de casos consignados en toda la Fiscalía de Derechos Humanos llegaron ante un juzgador.Las tasas de impunidad pueden ser incluso más altas al revisar cada uno de los delitos que investiga la Fiscalía de Derechos Humanos.Por ejemplo, el año pasado se presentaron 1,363 denuncias por desaparición forzada de las cuales apenas se consignaron cuatro, lo que representa 0.29 por ciento del total. Justo en uno de los años con más incidencia de desapariciones, las autoridades federales encargadas de procurar justicia apenas consignaron a cuatro responsables de ese delito. La tasa de impunidad es de 99.71 por ciento, lo que quiere decir que casi todos los que cometen este delito quedan sin pagar por su crimen. Siguen sueltos y casi con seguridad siguen desapareciendo personas y eventualmente cometiendo otros delitos asociados como las fosas clandestinas o los centros de exterminio.La de torturador es otra profesión cuyos perpetradores prácticamente tienen la impunidad garantizada. De 4,838 denuncias por la posible comisión de este delito, sólo se consignó ante un juez a un torturador. La impunidad fue de 99.98 por ciento.En el caso de violencia contra mujeres, se llevaron ante un juez 47 investigaciones de 1,724 denuncias, es decir 2.72 por ciento del total de casos. El resto: impunes.En delitos contra migrantes se presentaron 383 casos, de los cuales tres se llevaron ante un juzgado, es decir 0.78 por ciento. El año pasado se denunciaron 268 delitos contra los derechos humanos y 14 fueron consignados, para una tasa de castigo de 5.22 por ciento. Finalmente, se reportaron 351 delitos contra la libertad de expresión, de los cuales 38 fueron consignados, es decir 10.82 por ciento, lo que lo convierte en el delitos contra los derechos humanos con “menos” impunidad.Como muestran las cifras del informe de la Fiscalía de Derechos Humanos, las tasas de impunidad por la comisión de este delito son altísimas, son escandalosas y no se falta a la verdad si se les califica de criminales.No hace falta ser un experto para asumir que las altas tasas de impunidad en la comisión de estos delitos alienta a tramas criminales o estatales que producen desapariciones, torturas, o violaciones a derechos de mujeres, migrantes o periodistas. Los datos sólo confirman que en lugar de combatir los delitos y la violencia organizada, el Estado parece estar administrando la guerra con propósitos de control de poblaciones y territorios.
