Las cifras son de escándalo: las tomas clandestinas para el robo de combustibles pasaron de 213 en 2006 a 12,581 en 2018; en 2016 el robo diario era de 26 mil barriles de combustibles, y para el año pasado la cifra era superior a los 58 mil barriles al día. La pérdida es multimillonaria: 30 mil millones de pesos (mdp) en 2016; 50,100 mdp en 2017 y 66,300 mdp el año pasado, según el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, citado por Sin Embargo (https://www.sinembargo.mx/27-12-2018/3515929).Es evidente que un negocio de este tamaño no pasaba desapercibido para las distintas autoridades: desde los directivos de Pemex, hasta los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR), a los mandos de las fuerzas armadas, desde Policía Federal, hasta Ejército y Marina. Y si todos estos mandos lo sabían, por supuesto que el titular del Poder Ejecutivo federal, debió estar enterado.Hablamos de una operación criminal a gran escala que implica la participación de miles de personas en la extracción, distribución y venta ilegal del combustible robado.No se trataba, como desde el Gobierno se quiso hacer creer, de algunas bandas criminales localizadas sobre todo en ciertos estados del país, sino de una estructura criminal de robo de combustibles que significó una sangría para Pemex y para las finanzas nacionales.No sólo mandos de distintas dependencias del Gobierno federal estaban enteradas. Ayer Carlos Loret de Mola, en su columna publicada en este diario, dijo que pudo consultar informes de inteligencia del Gobierno de Enrique Peña Nieto donde se revelaba que grandes empresas compraban combustible ilegal para abaratar costos. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el combustible ilegal también era utilizado en grandes obras de construcción en el país.Al ver la escala del huachicoleo, como se conoce coloquialmente a este negocio ilícito, se revela como una de las grandes formas de acumulación de capital ilegal, casi semejante a otros grandes negocios ilegales, como es el tráfico de drogas, de armas y de personas.¿Por qué no se actuó antes para detener esta operación criminal a gran escala? La existencia del huachicoleo revela las mutaciones tanto de la corrupción como de criminalización de la clase política y del Estado mismo.Los abundantes y escandalosos casos de irregularidades que nos han heredado la “nueva generación” de políticos profesionales como César Duarte, Javier Duarte, Tomás Yarrignton, Guillermo Padrés, Emilio Lozoya y Enrique Peña Nieto nos muestran que la corrupción dejó de ser una simple desviación de la conducta personal, del tipo del gobernador que metía la mano a la hacienda pública, para convertirse en una conspiración criminal a gran escala. Y opera porque también ha existido impunidad entre la misma clase política.Es el huachicoleo de la política. Aunque la corrupción ha existido a lo largo del funcionamiento del Estado moderno mexicano, los casos de macro estafas o macro desvíos en gobiernos estatales y fenómenos como el huachicoleo nos hablan de otro grado y otro nivel de corrupción, uno asociado a las nuevas formas de acumulación de capital. Es el narco-Estado y el capitalismo mafioso.
