Por razones que es necesario indagar, la mayoría de la sociedad mexicana no es consciente de la gravedad de la violencia y la barbarie que vivimos en México. Ningún país del mundo tiene los índices y casos extremos de violencia e inseguridad que se viven en México, quizá con excepción de Siria, un país en abierta guerra civil.¿En cuantos países del mundo es noticia cotidiana el hallazgo de fosas y campos de exterminio? ¿En qué nación del planeta se va haciendo el récord de restos óseos y cuerpos encontrados en fosas clandestinas?Otra de las aristas más perniciosas de esta guerra y violencia desatada por una maquinaria estatal-criminal es la de las desapariciones forzadas, tal como lo acaba de poner en evidencia el caso del joven Marco Antonio Sánchez Flores, estudiante de preparatoria de la UNAM. Como se sabe, Marco Antonio fue detenido por policías de la Ciudad de México el pasado 23 de enero, y durante cinco días la policía capitalina negó su desaparición, a pesar de los testimonios de los testigos. La madrugada del domingo fue encontrado en un municipio del Estado de México, sumamente dañado física y emocionalmente. Al igual que ocurrió en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el gobierno de la capital que encabeza Miguel Ángel Mancera, pretende ofrecer una “verdad histórica” negando que Marco Antonio hubiera sido víctima de desaparición forzada, pero los hechos son irrefutables. El caso de Marco Antonio Sánchez, por fortuna, pudo visibilizarse gracias a la difusión, y movilización convocada por personas de la sociedad civil. Fue gracias a esa movilización que este estudiante de 17 años fue presentado con vida. Pero muchos casos no encuentran esa visibilización. Lamentablemente, el país está plagado de casos de desapariciones forzadas, es decir, las que son cometidas por cuerpos de seguridad del Estado. A fines de diciembre del año pasado, familiares y dirigentes patronales de Chilpancingo, Guerrero, denunciaron que siete jóvenes fueron detenidos y desaparecidos por la policía municipal.En Nayarit, desde junio del año pasado a la fecha, se reportaron 350 desapariciones y en muchos casos, los responsables son policías y fiscalía estatal.En Veracruz, el actual fiscal denunció que el gobierno del corrupto ex gobernador Javier Duarte, ocultó más de 2,400 casos de desaparecidos, muchos de ellos por policías estatales como ocurrió con cinco jóvenes en Tierra Blanca en enero de 2016 y en Papantla en marzo del mismo año cuando la policía municipal desapareció a tres jóvenes. Estos son apenas una muestra de los múltiples casos recogidos en la prensa o denunciados por la CNDH, pero muchos más quedan sin difundirse públicamente. Por eso no es exagerado afirmar que vivimos una epidemia de desapariciones forzadas en México. Según la teoría liberal, el principal deber de un Estado es proteger la vida y la seguridad de los ciudadanos, y se supone que para eso te cobra un impuesto. Las aportaciones de los contribuyentes sirven para mantener todo el aparato estatal, incluidos los cuerpos de seguridad. En el México de la barbarie, están tan retorcidas las cosas que pagamos impuestos para mantener cuerpos de seguridad que terminan secuestrando y desapareciendo a las personas. Literalmente estamos pagando un impuesto a nuestros verdugos.
