El mazazo del magistrado Laurentino López Villaseñor para expedir la habitabilidad de las Villas Panamericanas es una de las decisiones de mayor impacto social y ambiental que haya tomado un juzgador en Jalisco. Destraba el conflicto de una década, pero también activa una bomba de tiempo y enciende las alertas sobre el llamado «gobierno de los jueces». El complejo panamericano, con 650 departamentos, transformará la zona del Bajío y el acceso Poniente a la Ciudad con un polo de vivienda en una zona de alta fragilidad ecológica. Las alternativas de remediación ambiental impuestas a los desarrolladores, el decreto de protección estatal y la batalla legal de Zapopan son la consecuencia. La causa está en una mala ubicación del desarrollo desde su concepción, pero también en un problema vertebral que lo agrava: cuando los jueces deciden la planeación de la ciudad. Puede alegarse que la ley los faculta. Sin embargo, atestiguamos cómo, cada vez más a menudo, los juzgadores, en este caso del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, adoptan funciones desbordadas que los coloca por encima de otros poderes como el Legislativo y el Ejecutivo, o los propios ayuntamientos. Bajo su potestad nada parece tener límites. Vivimos un creciente y desmesurado protagonismo judicial en decisiones que antes, por llamarlo así, sólo tenían un rango mercantilista de la justicia. La diferencia ahora es que estos fallos tienen consecuencias de gran calado para la ciudad. Puede alegarse, insisto, que la ley los faculta. Pero esa justificación («la aplicación literal de la ley») pasa por innumerables interpretaciones del juzgador, dilaciones, artilugios legales y presiones políticas. En otras palabras, pensar que los jueces no se equivocan o deciden siempre conforme al buen derecho, sin sesgos, resulta inocente. Sobre todo cuando su llegada y ratificación se somete a un sistema de cuotas y cuates desde el Legislativo. La cooptación de posiciones en el Poder Judicial desde el Ejecutivo pasa por una refinada maquinaria de designaciones y ratificaciones. Basta revisar el caso de Laurentino López Villaseñor, autor de la firma que dio la habitabilidad definitiva a las Villas Panamericanas. En 2019 fue ratificado por la pasada Legislatura estatal por un periodo de diez años con la mayoría de los votos de Movimiento Ciudadano. Su llegada a la magistratura estuvo ligada al PRI. Sin embargo, con el cambio de gobierno estatal, mostró cercanía con el partido en el poder, lo que le valió la ratificación. Una Ley de Designaciones, congelada en el Legislativo como parte de la reforma al sistema anticorrupción 2.0, es la solución para despejar las sospechas de que un magistrado atienda un asunto basado en una cuota o intereses políticos. Mientras no ocurra, la alteración del equilibrio de poderes y la independencia judicial están en tela de juicio. La planeación de la ciudad quedará en manos de unos cuantos magistrados que tendrán siempre «la decisión última y definitiva».
